La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia autorizó la operación siempre que Telecom, controlada por el Grupo Clarín y Fintech, se desprenda de seis millones de clientes de telefonía móvil, parte del espectro radioeléctrico y activos en aquellas zonas donde la concentración supere los límites fijados por la autoridad de aplicación. Según el Gobierno, estas medidas buscan preservar la competencia y evitar una posición dominante en el mercado.

Sin embargo, la decisión provocó críticas desde distintos sectores académicos y políticos. Uno de los cuestionamientos más duros llegó del especialista en políticas de comunicación Martín Becerra, quien sostuvo públicamente que las condiciones representan apenas un "maquillaje" y que el resultado final consolidará igualmente el liderazgo de Telecom en el negocio de las telecomunicaciones. Según su análisis, la empresa quedará en una posición privilegiada para ofrecer servicios integrados de telefonía móvil, fija, internet y televisión paga en todo el país.

Las críticas también alcanzaron al vocero presidencial, Manuel Adorni. Diversos dirigentes opositores y analistas políticos interpretaron que la autorización marca un cambio de postura del Gobierno respecto de la confrontación que había mantenido con el Grupo Clarín durante los primeros meses de gestión. En ese marco surgieron acusaciones políticas que hablan de una supuesta "entrega" del negocio o de una "rendición" frente al principal conglomerado de medios y telecomunicaciones del país. Esas expresiones corresponden a opiniones de dirigentes y especialistas y no forman parte de la fundamentación oficial de la medida.

El cambio resulta especialmente llamativo porque, cuando se anunció originalmente la compra de Telefónica Argentina, el propio Gobierno había advertido que la operación podía derivar en una concentración cercana al 70% del mercado en algunos segmentos y prometía actuar para impedir una posición monopólica. Con el paso de los meses, la estrategia oficial evolucionó hacia una aprobación condicionada, respaldada por informes técnicos del ENACOM y de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Desde el Ejecutivo sostienen que las obligaciones impuestas garantizan la competencia y protegen a los consumidores. En cambio, varios especialistas consideran que la desinversión exigida no altera de manera sustancial el peso que tendrá Telecom una vez concretada la integración.

La controversia trasciende el plano empresarial y se instala de lleno en el terreno político. Para la oposición, la decisión expone una contradicción entre el discurso oficial contra los monopolios y la resolución finalmente adoptada. Para el Gobierno, en cambio, las condiciones fijadas constituyen una intervención suficiente para evitar abusos de posición dominante sin impedir una operación entre privados.

Con la autorización ya otorgada, el próximo capítulo dependerá del cumplimiento efectivo de las condiciones impuestas y del seguimiento que realicen los organismos de control para determinar si la concentración resultante afecta o no la competencia en uno de los mercados estratégicos de la economía argentina.