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POLÃTICA
6 de junio de 2026
Menos impuestos para los patrimonios más altos, más presión para el resto: el otro rostro del ajuste de Milei
Mientras millones de argentinos enfrentaron aumentos en tarifas, transporte, combustibles y servicios durante los primeros años de la gestión libertaria, los contribuyentes con mayores patrimonios accedieron a una reducción progresiva del Impuesto sobre los Bienes Personales y a un régimen especial que les permite congelar por adelantado su carga tributaria hasta 2027.
Desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Javier Milei construyó gran parte de su discurso sobre la necesidad de reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos y eliminar distorsiones económicas.
Sin embargo, uno de los debates menos visibles del programa económico se concentra en quiénes fueron los principales beneficiarios de algunas de esas reformas tributarias. A través del paquete fiscal aprobado en 2024, el Gobierno impulsó una profunda modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales, tributo que grava los patrimonios más elevados del país. Las reformas incluyeron una reducción gradual de las alícuotas, un incremento significativo del mínimo no imponible y la creación de un mecanismo especial de pago anticipado que permite congelar la carga impositiva durante varios años.
El impuesto que fue perdiendo peso Bienes Personales es uno de los tributos que alcanza a quienes poseen patrimonios de mayor valor. La reforma impulsada por el oficialismo elevó sustancialmente el piso a partir del cual se comienza a tributar y redujo las tasas aplicables a los contribuyentes alcanzados. Además, incorporó beneficios adicionales para determinados contribuyentes cumplidores. Según la normativa vigente, el mínimo imponible para 2025 supera los 384 millones de pesos, una cifra considerablemente superior a la existente antes de la reforma. La consecuencia práctica es que numerosos patrimonios que antes tributaban dejaron de hacerlo, mientras que quienes continúan alcanzados pagan porcentajes inferiores a los que regían previamente.
El beneficio más discutido: pagar hoy y congelar hasta 2027 Uno de los aspectos que más debate generó entre especialistas tributarios fue la creación del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP). El esquema permite adelantar el pago del impuesto correspondiente a varios ejercicios fiscales futuros mediante una liquidación única. A cambio, el contribuyente obtiene estabilidad tributaria sobre ese gravamen hasta el cierre de 2027. En términos concretos, quienes adhirieron al régimen quedaron protegidos frente a eventuales aumentos de alícuotas o cambios normativos que pudieran producirse durante los próximos años. Para los sectores críticos de la medida, esto implica una ventaja especialmente significativa para los patrimonios más elevados, ya que les permite planificar su carga fiscal futura en un contexto económico caracterizado por alta inflación y frecuentes modificaciones tributarias.
El contraste con el resto de la economía La discusión adquirió relevancia porque estas modificaciones ocurrieron simultáneamente con una fuerte reducción de subsidios estatales y una recomposición de precios regulados. Durante la gestión Milei se registraron incrementos en tarifas de electricidad, gas, agua, transporte y combustibles, mientras que distintos programas de asistencia estatal fueron reducidos o eliminados como parte de la estrategia de equilibrio fiscal. En paralelo, el Gobierno impulsó la restitución del Impuesto a las Ganancias para amplios sectores asalariados y avanzó con medidas orientadas a fortalecer la recaudación y el ajuste de las cuentas públicas. Ese contraste alimentó cuestionamientos desde sectores opositores, sindicatos y especialistas tributarios, que sostienen que el esfuerzo fiscal no se distribuyó de manera homogénea entre los distintos sectores sociales.
¿Cuánto podrían ahorrar los beneficiarios? Las estimaciones varían según el patrimonio declarado y la composición de los bienes. Lo que sí está claro es que la combinación entre menores alícuotas, aumento del mínimo no imponible y adhesión al régimen especial de pago anticipado generó una reducción relevante de la carga tributaria para los contribuyentes alcanzados por el impuesto. Economistas tributaristas señalan que los beneficios acumulados pueden representar millones de pesos por contribuyente en los próximos años, especialmente en patrimonios de gran magnitud y en contextos donde la inflación continúa erosionando valores nominales.
Dos modelos en discusión Para el Gobierno, la reducción de la presión fiscal sobre el capital constituye una herramienta destinada a incentivar inversiones, desalentar la salida de activos y fomentar la formalización patrimonial. La administración libertaria sostiene que gravámenes elevados sobre el patrimonio desalientan la acumulación de capital y terminan afectando la inversión privada. Sus críticos, en cambio, plantean que la reforma consolidó una estructura donde los sectores de mayores ingresos recibieron alivios fiscales mientras el grueso de la población enfrentó aumentos en servicios esenciales, transporte y costo de vida. La discusión excede lo tributario y refleja uno de los debates centrales de la Argentina actual: quién debe asumir el mayor esfuerzo económico en un proceso de ajuste que el Gobierno considera imprescindible y que amplios sectores sociales consideran desigual en su distribución.
Sin embargo, uno de los debates menos visibles del programa económico se concentra en quiénes fueron los principales beneficiarios de algunas de esas reformas tributarias. A través del paquete fiscal aprobado en 2024, el Gobierno impulsó una profunda modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales, tributo que grava los patrimonios más elevados del país. Las reformas incluyeron una reducción gradual de las alícuotas, un incremento significativo del mínimo no imponible y la creación de un mecanismo especial de pago anticipado que permite congelar la carga impositiva durante varios años.
El impuesto que fue perdiendo peso Bienes Personales es uno de los tributos que alcanza a quienes poseen patrimonios de mayor valor. La reforma impulsada por el oficialismo elevó sustancialmente el piso a partir del cual se comienza a tributar y redujo las tasas aplicables a los contribuyentes alcanzados. Además, incorporó beneficios adicionales para determinados contribuyentes cumplidores. Según la normativa vigente, el mínimo imponible para 2025 supera los 384 millones de pesos, una cifra considerablemente superior a la existente antes de la reforma. La consecuencia práctica es que numerosos patrimonios que antes tributaban dejaron de hacerlo, mientras que quienes continúan alcanzados pagan porcentajes inferiores a los que regían previamente.
El beneficio más discutido: pagar hoy y congelar hasta 2027 Uno de los aspectos que más debate generó entre especialistas tributarios fue la creación del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP). El esquema permite adelantar el pago del impuesto correspondiente a varios ejercicios fiscales futuros mediante una liquidación única. A cambio, el contribuyente obtiene estabilidad tributaria sobre ese gravamen hasta el cierre de 2027. En términos concretos, quienes adhirieron al régimen quedaron protegidos frente a eventuales aumentos de alícuotas o cambios normativos que pudieran producirse durante los próximos años. Para los sectores críticos de la medida, esto implica una ventaja especialmente significativa para los patrimonios más elevados, ya que les permite planificar su carga fiscal futura en un contexto económico caracterizado por alta inflación y frecuentes modificaciones tributarias.
El contraste con el resto de la economía La discusión adquirió relevancia porque estas modificaciones ocurrieron simultáneamente con una fuerte reducción de subsidios estatales y una recomposición de precios regulados. Durante la gestión Milei se registraron incrementos en tarifas de electricidad, gas, agua, transporte y combustibles, mientras que distintos programas de asistencia estatal fueron reducidos o eliminados como parte de la estrategia de equilibrio fiscal. En paralelo, el Gobierno impulsó la restitución del Impuesto a las Ganancias para amplios sectores asalariados y avanzó con medidas orientadas a fortalecer la recaudación y el ajuste de las cuentas públicas. Ese contraste alimentó cuestionamientos desde sectores opositores, sindicatos y especialistas tributarios, que sostienen que el esfuerzo fiscal no se distribuyó de manera homogénea entre los distintos sectores sociales.
¿Cuánto podrían ahorrar los beneficiarios? Las estimaciones varían según el patrimonio declarado y la composición de los bienes. Lo que sí está claro es que la combinación entre menores alícuotas, aumento del mínimo no imponible y adhesión al régimen especial de pago anticipado generó una reducción relevante de la carga tributaria para los contribuyentes alcanzados por el impuesto. Economistas tributaristas señalan que los beneficios acumulados pueden representar millones de pesos por contribuyente en los próximos años, especialmente en patrimonios de gran magnitud y en contextos donde la inflación continúa erosionando valores nominales.
Dos modelos en discusión Para el Gobierno, la reducción de la presión fiscal sobre el capital constituye una herramienta destinada a incentivar inversiones, desalentar la salida de activos y fomentar la formalización patrimonial. La administración libertaria sostiene que gravámenes elevados sobre el patrimonio desalientan la acumulación de capital y terminan afectando la inversión privada. Sus críticos, en cambio, plantean que la reforma consolidó una estructura donde los sectores de mayores ingresos recibieron alivios fiscales mientras el grueso de la población enfrentó aumentos en servicios esenciales, transporte y costo de vida. La discusión excede lo tributario y refleja uno de los debates centrales de la Argentina actual: quién debe asumir el mayor esfuerzo económico en un proceso de ajuste que el Gobierno considera imprescindible y que amplios sectores sociales consideran desigual en su distribución.
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