La adquisición de material logístico en el ámbito militar suele moverse bajo estrictos controles de transparencia, pero la Licitación Pública en el Exterior 40/03-002-LPU25 rompe con cualquier estándar básico de administración pública. La Fuerza Aérea Argentina (FAA) concretó la compra de una aeronave de transporte mediano Embraer ERJ-140LR a la firma estadounidense Regional One Inc. por un total de 4.085.000 dólares. El dato central que enciende las alarmas no es solo que una unidad similar cotiza en el mercado internacional en torno a los 2.300.000 dólares —lo que expone un sobreprecio de 1.785.000 dólares—, sino que la nave se encontraba en peores condiciones operativas y ya estaba preparada y pintada antes de que el contrato fuera formalmente adjudicado.

El origen de la necesidad y las firmas delegadas

El expediente administrativo se inició el martes 6 de mayo de 2025, a solicitud del comodoro Pedro Rolando Largel, un ingeniero que se desempeñaba como jefe del Departamento Mantenimiento de Material Aéreo. Dentro de la propia fuerza, el movimiento despertó suspicacias inmediatas: por su cargo y funciones, Largel no está en posición operativa de conocer las necesidades de incremento de capacidad de transporte de la I Brigada Aérea, ni pertenece a Líneas Aéreas del Estado (LADE) como para dictaminar sobre la conectividad aérea del territorio nacional.

Fuentes de la Fuerza Aérea señalan que la justificación firmada por Largel respondió en realidad a una orden directa de su superior, el brigadier Francisco Edgardo Leguiza, actual Comandante de Material de la FAA y Director de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Leguiza convalidó los requerimientos técnicos que debía cumplir la aeronave, pero delegó la firma en su subordinado.

Detrás de la confección de las especificaciones técnicas aparece Daniel Sergio Burlas, quien se desempeña como Asesor Técnico Especializado de la FAA. Burlas es un civil incorporado por Leguiza bajo instrucciones expresas del entonces jefe del Estado Mayor, brigadier Xavier Julián Isaac. La investigación del entramado apunta a que Isaac y Burlas, a través del intermediario Marcelo Oscar Bagniole, operan desde 2022 un esquema de adquisición de aeronaves con la firma Regional One Inc. bajo recurrentes sospechas de sobreprecios.

Ingeniería financiera para esquivar el control ministerial

La velocidad del trámite administrativo fue inusual. El 13 de mayo de 2025, apenas una semana después de iniciarse la solicitud, el brigadier Leguiza elevó la documentación y el presupuesto al brigadier Álvaro José Daniele, Director General de Intendencia, encargado de la logística y contrataciones.

El presupuesto asignado para la compra se fijó en 3,9 millones de dólares. La cifra no fue azarosa: se estableció minuciosamente justo por debajo del límite de los 4 millones de dólares para evitar tener que solicitar la autorización obligatoria del Ministerio de Defensa, eludiendo así un control político y parlamentario más riguroso. En todo el expediente no se incorporó ningún documento, estudio de mercado o gestión que acreditara cuál era el precio promedio real en plaza de un avión de esas características.

El circuito de validación legal y financiera avanzó con la misma celeridad. El comodoro Pedro Antonio Orgambide, Director General de Asuntos Jurídicos —quien asumió en reemplazo de la comodoro María Elena Rossi Lagos, sucesora a su vez de su esposo, el comodoro Gustavo Horacio Krasñansky, todos vinculados contractualmente a la línea de Isaac— le dio curso legal al pliego. Por su parte, el Director General de Administración Financiera, brigadier Rubén Ángel Morado, garantizó la disponibilidad de recursos y la agilidad de los pagos al exterior, controlando el flujo de caja para evitar pedidos de ampliación presupuestaria visibles. El andamiaje se completaba en la cima con la validación del brigadier Fabián Capellino, Director General de Planes, Programas y Presupuesto.

Un pliego cerrado con nombre y apellido

La licitación se publicó el 30 de mayo de 2025 en la web de la Agregaduría Aeronáutica en los Estados Unidos y en el sistema Compr.Ex, fijando el cierre y apertura de ofertas para el 13 de junio. Otorgar solo dos semanas de plazo para una operación internacional de esta magnitud es considerado inviable por las compañías del sector, que exigen un mínimo de 30 días hábiles para procesos de verificación técnica y recopilación documental.

Ante el riesgo de que ingresaran competidores, el proceso se blindó. El 4 de junio, la firma Fenix Aviation Corp. solicitó formalmente una prórroga de 15 días debido a la complejidad logística. Al día siguiente, la FAA emitió la Circular Aclaratoria N° 2, donde restringió taxativamente los modelos aptos a solo tres variantes específicas de Embraer: ERJ-140LR, ERJ-145LR y ERJ-145XR. Esta modificación de último momento garantizó que las especificaciones técnicas se ajustaran exclusivamente al producto que ya ofrecía el proveedor preseleccionado.

Debido a errores técnicos en la carga y traducción del pliego en el sistema, la fecha de cierre se desplazó de manera involuntaria del 13 al 16 de junio de 2025. Gracias a esta prórroga accidental, un segundo oferente logró presentarse. El día de la apertura de ofertas, las propuestas fueron:

• Alpha Aviation Group LLC: Presentó un Embraer ERJ-145MP (versión especializada para misiones militares) por un valor de 3.820.000 dólares. Fue desestimada de inmediato en la evaluación técnica del mismo 16 de junio por no figurar explícitamente entre los tres modelos requeridos en la circular aclaratoria.

• Regional One Inc.: Ofertó un Embraer ERJ-140LR por 4.085.000 dólares. Al ser el único modelo aceptado que quedaba en carrera, la Fuerza Aérea dictaminó que la propuesta se adecuaba a las especificaciones y el brigadier Capellino aprobó la adecuación presupuestaria para pagar el excedente por encima de los 3,9 millones originales.

La prueba más contundente del direccionamiento de la compra quedó expuesta al constatarse que la aeronave adquirida a Regional One Inc. ya se encontraba acondicionada y pintada con las insignias oficiales del Estado argentino antes de que se firmara la adjudicación del contrato. El proceso administrativo exprés solo funcionó como la formalización de un negocio previamente cerrado, donde el Estado argentino terminó pagando una diferencia en contra de 1.785.000 dólares por una unidad en peores condiciones operativas que las del mercado estándar.