13 de mayo de 2026

El dato no es menor. Cada billete entregado en mano es un eslabón que la Justicia deberá rastrear: de dónde salió, cómo fue adquirido, por qué no hay bancarización. En una economía informal como la argentina eso puede sonar habitual. En un funcionario público bajo investigación, es exactamente el tipo de evidencia que los fiscales acumulan para construir una hipótesis de enriquecimiento ilícito.

Tres contratos, un mismo patrón

El testigo ubicó la relación locativa en tres tramos. El primero fue un contrato temporal firmado en octubre de 2023, antes de que Javier Milei asumiera la presidencia. Luego, Adorni —ya designado vocero presidencial— volvió a alquilarle la vivienda en enero y febrero de 2024, por 5.600 dólares. Ese segundo tramo ocurre en un momento bisagra: Milei había ganado el ballottage en noviembre de 2023 y Adorni ya ejercía funciones como vocero oficial antes de la asunción formal.

El contrato principal cubrió el período desde marzo de 2024 hasta el mismo mes de 2025, por 13.000 dólares, mientras Adorni y su familia esperaban que concluyeran las refacciones de su propia casa, ubicada a pocas cuadras dentro del mismo barrio privado. Cuando las obras se demoraron, se acordó de palabra una prórroga de tres meses por otros 2.400 dólares.

El total: 21.000 dólares en efectivo, sin bancarización, en una relación que abarca casi dos años y que en su mayor parte transcurre mientras Adorni ya era funcionario nacional con obligación de declarar sus gastos y patrimonio.

Lo que Rodríguez dejó sobre la mesa

Al presentarse ante Pollicita, el testigo aportó sus conversaciones de WhatsApp con Adorni y entregó copias de los contratos firmados durante los últimos dos años. No es documentación menor: los chats y los papeles firmados permiten establecer fechas, montos y la identidad de las partes sin margen para la ambigüedad.

El testimonio de Rodríguez se encadena con el del contratista Matías Tabar, quien declaró la semana pasada que las obras de refacción de la casa de Adorni en Indio Cuá demandaron 245.000 dólares, abonados también en efectivo y sin factura. En esa misma declaración, Tabar reveló un detalle que la defensa de Adorni tendrá difícil contestar: el jefe de Gabinete lo contactó antes de su comparecencia y le ofreció "ayuda" o que su equipo "lo contactara". Tabar rechazó el ofrecimiento luego de asesorarse por su cuenta.

El mapa de los 380.000 dólares

La Justicia reconstruye un mapa de gastos en dólares que Adorni deberá justificar. Según la reconstrucción de Infobae a partir del expediente, al funcionario se le conocen erogaciones de al menos 380.000 dólares solamente en el segmento de propiedades. El detalle es el siguiente: casa en Indio Cuá comprada por 120.000 dólares con una reforma de 245.000; departamento en Caballito por 230.000 dólares con una deuda de palabra de otros 65.000 hacia los vendedores; alquileres temporales por 21.000 dólares en efectivo; y deudas del matrimonio Adorni-Angeletti que superan los 335.000 dólares, con vencimiento mayoritario en noviembre de este año.

El contraste con sus ingresos declarados es brutal. El funcionario tuvo congelado su sueldo en aproximadamente 3.500.000 pesos hasta principios de este año, cuando se lo duplicaron. A valores actuales, ese sueldo duplicado apenas alcanza para pagar las expensas de los inmuebles bajo investigación.

La causa avanza, Adorni no habla

El expediente que investiga a Adorni está en el juzgado federal de Ariel Lijo, con impulso del fiscal Pollicita, quien en marzo solicitó una batería de medidas de prueba para analizar la evolución patrimonial, financiera y societaria del funcionario. La investigación se originó en denuncias presentadas por dirigentes opositores y exaliados libertarios, entre ellos la diputada Marcela Pagano.

A pedido de Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal realizará un cálculo integral de ingresos y egresos para determinar si existen inconsistencias. En paralelo, el expediente incorporó información sobre movimientos con criptomonedas durante 2024 que no figurarían en las declaraciones patrimoniales.

Lo que busca Pollicita es la trazabilidad del dinero: cómo se adquirieron los dólares, cómo se usaron, por qué no hay bancarización ni documentación que respalde los movimientos.

Adorni, por su parte, negó todas las acusaciones, sostuvo que las denuncias "no tienen sustento" y descartó renunciar. Hasta el momento no brindó ninguna explicación sobre su patrimonio ante la Justicia, ni tampoco se lo exigieron. La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas.

El gobierno del efectivo

El caso Adorni no puede leerse en soledad. El mismo juez Lijo que lleva su expediente tramita también las causas contra el secretario de Infraestructura Carlos Frugoni —siete departamentos en Miami sin declarar— y la del titular de ARCA, Andrés Vázquez, con propiedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Tres funcionarios del mismo gobierno, tres causas abiertas, una moneda común: el dólar en efectivo.

El gobierno que llegó prometiendo transparencia, que hizo de la motosierra al Estado su identidad política, acumula en Comodoro Py un registro sistemático de cash sin origen, propiedades sin declarar y testigos que hablan bajo juramento. Adorni puede seguir diciendo que las denuncias no tienen sustento. Los 21.000 dólares en billetes que José Luis Rodríguez le puso al fiscal sobre la mesa esta mañana sugieren lo contrario.