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En la Argentina de la "estabilización", hay una variable que parece haberse petrificado en el tiempo, pero no por éxito económico, sino por decisión política: el bono extraordinario para jubilados. Estancado en los $70.000 desde abril de 2024, este refuerzo que nació para mitigar la licuación de los haberes se ha convertido en el símbolo más crudo del ajuste. Hoy, ese mismo billete apenas alcanza para cubrir una fracción de lo que un adulto mayor necesita para seguir viviendo.

El último relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) arroja datos que queman. Desde el inicio de la actual gestión, el poder de compra de los jubilados respecto a los medicamentos esenciales se desplomó un 20% en promedio. La cifra, técnica y fría, se traduce en una realidad cotidiana desesperante: jubilados que deben elegir entre comer o comprar la medicación para la presión arterial.

Los números del abandono

La brecha entre el ingreso y el costo de salud es un abismo que crece por la desregulación total del mercado. Según el informe, mientras el bono permanece inmóvil, medicamentos de uso extendido como el Losacor (antihipertensivo) pasaron de costar $6.400 a superar los $28.000. El salto no es un caso aislado. El ranking de la desidia lo lideran fármacos como el Daflon 500 (insuficiencia venosa) con un aumento del 523%, seguido por el diurético Lasix con un 482% y el protector cardíaco Aspirina Prevent, que escaló un 427%.

El rigor de los datos es inapelable: si el bono se hubiera actualizado por la inflación real del rubro para mantener el impacto que tenía al inicio, hoy debería rondar los $216.150. Al mantenerlo fijo, su peso relativo en el ingreso total de un jubilado de la mínima cayó estrepitosamente del 34% al 15%.

El ajuste como política de salud

No se trata de un fenómeno natural, sino de una transferencia de recursos desde los sectores más vulnerables hacia los grandes laboratorios. La situación se agrava con la reestructuración del vademécum de PAMI, que ha limitado la gratuidad de numerosos principios activos, obligando a los beneficiarios a copagos que sus haberes congelados no pueden sostener.

La respuesta oficial, lejos de la sensibilidad social, ha sido la ratificación del congelamiento. Para el Ejecutivo, el bienestar de la clase pasiva parece ser el costo aceptable para sostener las planillas de Excel en verde. En este esquema, la salud ha dejado de ser un derecho garantizado para transformarse en un bien de lujo. Mientras tanto, en las farmacias de barrio, se sigue gestando esta "muerte silenciosa" de quienes ya no pueden pagar por su propia vida.