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Buenos Aires, 26 de abril de 2026. La transparencia y el respeto por las instituciones que el exministro Luis Petri solía pregonar en sus redes sociales chocan hoy contra una realidad de pasillos oscuros en el Edificio Libertador. La noticia, que el Gobierno intentó mantener bajo siete llaves, es un escándalo de proporciones: ante la quiebra virtual de la obra social IOSFA, se habrían desviado partidas destinadas al pago de haberes y a la tan prometida jerarquización salarial para saldar deudas con proveedores de salud.

No es un "reordenamiento técnico", es un manotazo al salario. La actual gestión de Defensa se encuentra hoy atrapada en la red de compromisos incumplidos y deudas exponenciales que dejó el paso del mendocino por la cartera. El "Efecto Petri" no es solo un recuerdo de gestión; es un agujero negro de $210.000 millones que hoy se intenta tapar desvistiendo a quienes deben proteger la soberanía nacional.

Los números del descalabro

Cuando Luis Petri dejó su cargo, las cifras de la obra social militar ya daban señales de alarma, pero la auditoría actual revela una gestión temeraria. El pasivo se cuadruplicó, pasando de una herencia de $70.000 millones a un cráter que supera los $210.000 millones. A esto se le suma un crédito de $40.000 millones tomado en 2025 bajo la supervisión de Luis Fiocchi, hombre de máxima confianza de Petri, cuyo vencimiento este mes detonó la decisión de "canibalizar" los fondos salariales.

El desvío es doblemente grave: por un lado, vulnera la naturaleza alimentaria del salario militar; por el otro, expone la incapacidad de gestión para sanear una institución básica como IOSFA sin recurrir a maniobras que rozan la ilegalidad administrativa. Mientras los altos mandos intentan justificar la medida como una "emergencia sanitaria", en las bases el sentimiento es de traición.

La jerarquización que no fue

Luis Petri construyó gran parte de su imagen política sobre la promesa de equiparar los sueldos militares con los de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los hechos muestran que su legado es el opuesto: una obra social vaciada y un mecanismo de compensación que hoy se utiliza para pagar facturas de farmacias y clínicas en lugar de llegar al bolsillo del soldado.

Este abril de 2026 marca un punto de quiebre. La pregunta que recorre los cuarteles y que el Ministerio de Defensa evita responder es simple: ¿Quién autorizó el uso de fondos salariales para cubrir la impericia de una gestión que se fue dejando las cuentas en rojo? El silencio oficial solo alimenta la certeza de que, una vez más, el hilo se corta por lo más delgado: el sueldo de los que no pueden protestar.