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24 de marzo de 2026

Petri en la mira: denuncia penal por vaciamiento de IOSFA, 650.000 militares sin cobertura y Villarruel lo señaló de "desfalco"

La diputada mendocina Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa y actual diputado nacional Luis Petri por administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona. La obra social de las Fuerzas Armadas pasó de tener reservas a acumular un déficit de $210.000 millones bajo su gestión. Pidió aproximadamente $40.000 millones para equipar hospitales y los usó para pagar deudas. Disolvió IOSFA y la reemplazó con una obra social que todavía no funciona. Hoy 650.000 afiliados no tienen cobertura médica. La vicepresidenta Victoria Villarruel fue al hueso: "Lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias." Y como si fuera poco, Villarruel también lo denunció penalmente por calumnias e injurias. Dos causas judiciales entre dos figuras del mismo espacio político.

Luis Petri llegó al Ministerio de Defensa en diciembre de 2023 con una obra social de las Fuerzas Armadas que, según el propio teniente general retirado Juan Martín Paleo, había sido entregada saneada y con un plazo fijo para afrontar gastos. Antes de su disolución, IOSFA era la tercera obra social en importancia de la Argentina, después de PAMI e IOMA. Dos años después, cuando Petri renunció al ministerio para asumir como diputado nacional por Mendoza dentro de La Libertad Avanza, IOSFA acumulaba un déficit de $210.000 millones, tenía 200 prestadores dados de baja, no entregaba medicamentos oncológicos ni insulina, y había dejado a 650.000 afiliados —entre militares activos, retirados y sus grupos familiares— sin cobertura médica efectiva en buena parte del país. El Gobierno disolvió IOSFA mediante el Decreto 88/2026 del 6 de febrero y anunció la creación de dos obras sociales en su reemplazo: OSFA para las Fuerzas Armadas y OSFFESEG para Gendarmería y Prefectura. Casi dos meses después, la nueva obra social todavía no funciona. Y la denuncia penal llegó esta semana.

La diputada nacional por Mendoza Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas, presentó ante el juzgado federal del juez Daniel Rafecas una denuncia penal contra Petri por los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y abandono de persona, en relación con la gestión, administración y manejo de los fondos y prestaciones de IOSFA cuando era ministro de Defensa. La presentación judicial incluye testimonios vinculados a la situación financiera y operativa de la obra social y señala que IOSFA pasó, en un corto período, de contar con reservas financieras relevantes a encontrarse en una situación de endeudamiento y crisis estructural, con impacto directo en la atención sanitaria de cientos de miles de afiliados. El patrocinio legal de la denuncia está a cargo del abogado Yamil Castro Bianchi.

Los números que sustentan la denuncia son de una crudeza que Petri no pudo rebatir en ninguna oportunidad. Los estados contables revelan una anomalía llamativa: mientras que en el estado de 2023 el pasivo total aparece como $66.000 millones, en el estado contable de 2024 se adjudica retroactivamente a 2023 un pasivo de $93.000 millones. La diferencia de $27.000 millones entre ambos documentos no tiene explicación oficial. Lo que sigue es aún más difícil de explicar. El secretario general de la junta interna de ATE-IOSFA, Rubén López, describió el cuadro sin eufemismos: "Vivimos una situación caótica a nivel nacional porque no le están pagando a los prestadores. Ya se dieron de baja 200 prestadores. Hay un atraso de tres meses en la entrega de medicación oncológica. Los afiliados apelan a los hospitales municipales para tratar de conseguir los remedios. El caos es tal que cada mes se suman $19.000 millones al déficit porque no están pagando nada."

El episodio que mejor sintetiza la gestión de Petri en IOSFA es el del préstamo del Instituto de Ayuda Financiera. El IAF prestó aproximadamente $40.000 millones a la obra social —con un costo final estimado en $88.000 millones con intereses— para capital de trabajo, con el objetivo declarado de mejorar equipamiento médico e infraestructura. El dinero fue desviado para cubrir el déficit operativo crónico. La inyección de fondos tuvo un efecto temporal, tras el cual la deuda creció un 41% adicional en el siguiente trimestre. El pasivo de IOSFA pasó de $70.000 millones en marzo de 2024 a $141.000 millones en diciembre de ese año y llegó a $210.000 millones a mediados de 2025. Una particularidad que tiene tinte político: la nota interna del Directorio de IOSFA criticando el préstamo iba dirigida al presidente del Instituto, el mendocino Luis Roberto Fiochi, quien cuando se tomó la deuda presidía el propio IAF. Es decir: el mendocino que presidía el organismo prestamista firmó el préstamo a la obra social que luego no pudo devolver.

Las críticas internas van más allá del endeudamiento. Las críticas internas a los hombres de Petri en IOSFA señalaban que usaban los recursos de los afiliados para la campaña electoral en Mendoza. Entre los supuestos cobradores de campaña aparecen la titular Betina Surballe y el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri. Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña. El administrador actual de IOSFA, el coronel mayor Ariel Guzmán, ordenó el 3 de marzo un sumario para determinar si hubo irregularidades administrativas, patrimoniales o penales en un contrato de obras de construcción que modificó y autorizó Oscar Sagás, el primer presidente de IOSFA que Petri puso en funciones, vinculado a la readecuación de la Residencia Cosquín, un hotel de la obra social en Córdoba.

El capítulo más explosivo llegó desde adentro del propio gobierno. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que compite con Petri por el liderazgo del espacio que dejó libre La Libertad Avanza en Mendoza, lo cruzó públicamente en X con una contundencia inusual: "Es preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país." Y fue más lejos todavía: "Creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial." Pero la interna no quedó en las redes sociales. Villarruel también presentó una denuncia penal contra Petri ante los tribunales de Comodoro Py en el expediente CFP 985/2026, por los cargos de calumnias e injurias en respuesta a declaraciones públicas del diputado que la habrían agraviado. Dos causas judiciales cruzadas entre dos figuras del mismo espacio político que compiten por el mismo electorado.

Hoy, casi dos meses después de la disolución de IOSFA, la situación de los afiliados no mejoró. Un militar de alto rango fue directo: "La novedad es que no hay novedad. Seguimos sin ningún tipo de cobertura. En Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y otras provincias del norte hay cero cobertura." Un afiliado radicado en Mar del Plata lo resumió con amargura: "Es un escándalo. 20.000 afiliados que pagamos todos los meses la cuota afiliatoria y tenemos cero cobertura. Cualquier cosa que tengamos que hacernos, ya sea desde una simple consulta médica hasta una operación con anestesista, hay que pagarla del propio bolsillo." La nueva obra social OSFA sigue siendo un anuncio de prensa. Y la gestión de sus autoridades ya genera sus propios conflictos: la Fuerza Aérea acusa al nuevo ministro Carlos Presti de colocar gente de confianza del Ejército en todas las áreas, dejando de lado al resto de las fuerzas y priorizando en el reparto de los pocos recursos disponibles al AMBA sobre el interior del país.

El escándalo IOSFA tiene un ángulo mendocino que no puede ignorarse. Petri es diputado nacional por Mendoza y es uno de los nombres que suena para la gobernación provincial en 2027. La denuncia la presenta Arrieta, que también es mendocina. Y la responsabilidad política sobre el vaciamiento de la obra social de los que eligieron defender a la patria en uniforme va a ser uno de los temas que el propio Petri va a tener que explicar ante sus votantes en la provincia cuando llegue el momento. El diputado Agustín Rossi fue lapidario: "Milei y Petri en solo dos años fundieron la obra social." Por ahora Petri no respondió ninguna de las acusaciones. Las causas judiciales avanzan. Y el silencio también habla.

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