Hay un número que el Banco Central publicó esta semana y que merece atención: la mora en los préstamos a familias llegó al 10,6% en enero de 2026. No es solo un porcentaje. Es el nivel más alto en más de quince años, alcanzado después de catorce meses consecutivos de deterioro. En noviembre de 2024 la irregularidad en ese segmento era de apenas 2,5%. En enero de 2026 llegó a 10,6%. Ocho puntos y medio en catorce meses. En términos concretos significa que uno de cada diez hogares que tomó un préstamo no puede pagarlo. Y si se suman los créditos otorgados por entidades no bancarias — fintechs, tarjetas de supermercados, plataformas digitales — la irregularidad trepa hasta el 27,4%.

Para entender cómo se llegó hasta acá hay que entender primero qué cambió en la dinámica del crédito en Argentina en los últimos dos años. Cuando el gobierno de Milei asumió, el crédito al sector privado estaba en niveles históricamente bajos. La liberalización financiera que siguió impulsó una expansión rápida y sostenida: el crédito al sector privado llegó a duplicar su ponderación en términos del PBI. Los préstamos personales y el financiamiento con tarjeta de crédito crecieron a un ritmo que el sistema financiero no veía desde hace años. El problema no fue el crecimiento del crédito en sí sino el contexto en que ese crecimiento ocurrió: tasas de interés que promediaron el 69% anual en préstamos personales, salarios que no lograron recuperarse en términos reales y una inflación que, aunque bajó, siguió erosionando el poder de compra mes a mes.

El economista Francisco Martinelli Massa, del Centro de Economía Política Argentina, describe el fenómeno con una precisión que no deja margen para la ambigüedad: "El problema no es exclusivamente el endeudamiento, sino la mora. Es decir, la gente no está pudiendo pagar los préstamos que tomó." Detrás de esa afirmación hay una transformación estructural en el uso del crédito que los datos confirman con claridad: casi la mitad de las compras en supermercados se paga actualmente con tarjeta de crédito, una proporción que creció de manera sostenida en los últimos años. Las familias no se endeudan para comprar un electrodoméstico o financiar un viaje. Se endeudan para pagar el aceite, la carne y el alquiler.

El mapa del endeudamiento tiene una geografía propia que vale la pena describir. El endeudamiento promedio de las familias pasó de equivaler a 1,5 salarios a mediados de 2024 a 2,5 sueldos a fines de 2025, lo que refleja que los hogares incrementaron su carga financiera en aproximadamente un salario adicional durante el último año. Y no todos los deudores están en la misma situación: el 20% de los préstamos inferiores a un millón de pesos presenta atrasos, mientras que en los créditos superiores a 10 millones solo el 10% registra demoras mayores a dos meses. Los más vulnerables son los que más deben en proporción a sus ingresos y los que enfrentan las tasas más altas: los créditos de entidades no bancarias tienen una tasa efectiva anual que puede llegar al 150% según estimaciones de EcoGo. Los que menos pueden pagar son los que más caro les sale el dinero. La mora en préstamos personales llegó al 13,2% y en tarjetas de crédito al 11%. Son los dos instrumentos que más usan las familias de ingresos medios y bajos para sostener su consumo cotidiano.

El pago mínimo es el comportamiento que más creció entre los deudores con dificultades. Lo que lo convierte en una trampa es el mecanismo que activa: con tasas cercanas al 4% mensual, quien paga solo el mínimo durante doce meses puede terminar debiendo más que al principio, incluso sin hacer ninguna compra nueva. La deuda no se cancela sino que se acumula silenciosamente hasta que ya no hay mínimo que alcance. El sistema no está diseñado para sacar a las familias del endeudamiento. Está diseñado para mantenerlas dentro de él.

Las consecuencias para el sistema financiero están por verse en toda su magnitud. El Banco Central destacó que las previsiones totales del sistema representan el 89,2% de la cartera irregular, lo que implica que los bancos tienen colchón para absorber el deterioro actual. Pero los especialistas advierten que ese colchón tiene límites. El economista Andrés Asiain, del CESO, alertó sobre la posibilidad de una mayor expansión de créditos en dólares a empresas y familias que generan ingresos en pesos. Si ese esquema se expande, podría generar un circuito financiero donde los depósitos en dólares crecen sin respaldo suficiente en reservas. En un escenario de devaluación o salida masiva de depósitos, el sistema bancario podría enfrentar tensiones. El debate recuerda antecedentes que la Argentina conoce bien. Por ahora es un riesgo potencial. El historial del país con las crisis financieras sugiere que los riesgos potenciales merecen atención temprana.

La respuesta política al fenómeno llega desde dos frentes. El ministro Luis Caputo reconoció la situación y la atribuyó a un proceso de normalización: "Hay que seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando." La oposición, en tanto, presentó un proyecto en el Congreso para que la ANSES otorgue créditos de hasta $1,5 millones a jubilados, trabajadores y monotributistas para cancelar deudas con tarjetas y financieras a tasas menores. El programa no contemplaría libre disponibilidad de los fondos: el dinero iría directamente desde la ANSES a la entidad acreedora para saldar la deuda. El proyecto tiene la lógica correcta: cambiar deuda cara por deuda barata. Lo que no tiene todavía es los votos para convertirse en ley.

Mientras tanto, 20,5 millones de adultos argentinos tienen alguna deuda activa. Muchos de ellos no están endeudados porque compraron algo que no podían pagar. Están endeudados porque no podían pagar lo que necesitaban.