Hay un documento que Marcela Pagano presentó ayer en el Juzgado Federal N°1 que es difícil de ignorar. Es la ampliación de la denuncia penal radicada en el expediente CFP 1003/2026, caratulado “Adorni, Manuel s/enriquecimiento ilícito”, y su núcleo es concreto: una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club, sobre la Ruta 6, kilómetro 173, en el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, que no aparece consignada en ninguna de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales que el jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción. El inmueble, de color gris verdoso y ubicado a unos cien metros del hoyo 17 de la cancha de golf, tiene según los portales inmobiliarios un valor de mercado que oscila entre USD 129.000 y USD 249.000, con un valor promedio estimado de USD 149.875 al que debe sumarse una cuota de ingreso al country de aproximadamente cinco millones de pesos.
Lo que la denuncia señala como elemento central no es solo la omisión patrimonial sino el rastro que la propiedad dejó en los registros del emprendimiento. Según la presentación judicial, las expensas del lote 380 del Country Indio Cuá comenzaron a figurar a nombre de Angeletti Bettina Julieta, esposa de Adorni, “lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que tampoco fue informado ante las autoridades competentes.” Según testimonios de vecinos del barrio privado recopilados por Pagano, Adorni y Angeletti habrían alquilado primero una vivienda en el mismo country mientras avanzaba la construcción de la propia, y con el tiempo el jefe de Gabinete comenzó a presentarse ante los vecinos como propietario. Lo que todavía nadie certificó es quién pagó la compra y con qué fondos.
La estructura patrimonial que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción en sus últimas declaraciones no se movió en dos años de función pública: los dólares atesorados permanecieron sin variación. En su última declaración jurada —correspondiente al ejercicio 2024 y presentada el 4 de agosto de 2025— informó únicamente dos inmuebles: el 50% de un departamento de 115 metros cuadrados en el barrio porteño de Parque Chacabuco, compartido con su esposa, y el 100% de un departamento de 105 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal, recibido por donación familiar. Declaró además ahorros por USD 42.500 en efectivo más USD 6.220 en una cuenta bancaria en el exterior, totalizando USD 48.720, y deudas por alrededor de 90 millones de pesos. Ninguna referencia al lote 380 de Exaltación de la Cruz ni a ninguna otra propiedad en country o barrio cerrado. La presentación de Pagano subraya un detalle que no es menor: Adorni es contador público. La omisión patrimonial no puede atribuirse a desconocimiento del procedimiento. La diputada también señala que Adorni aún no presentó su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, pese a estar obligado a hacerlo por el Decreto 784/2025. Esa presentación vence a mediados de año.
El cuadro económico que construye la denuncia es el argumento más sólido de la presentación. Los ingresos públicos del jefe de Gabinete resultan, según Pagano, “manifiestamente insuficientes para financiar simultáneamente el alquiler en un country de alta gama, la construcción de una casa, viajes aéreos de alto costo y gastos mensuales con tarjeta de crédito que no podría justificar, todo ello mientras sus ahorros en dólares permanecieron sin variación durante dos años de función pública.” Sobre los viajes, hay dos versiones verificadas: El Diario AR estimó el costo del taxi aéreo privado a Punta del Este en USD 10.000, mientras que el periodista Marcelo Grandio —que estuvo en ese vuelo— indicó que los pasajes costaron USD 3.600 en total. El pasaje premium de Angeletti a Nueva York en el avión presidencial superó los USD 5.000. Los cargos que Pagano imputa son enriquecimiento ilícito de funcionario público, falsedad ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Para avanzar en la investigación, la diputada solicitó al Juzgado una batería de medidas: oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, a la administración del Country Indio Cuá, a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, a la Oficina Anticorrupción, a ARCA —ex AFIP— y a la Unidad de Información Financiera para que informe si existe algún Reporte de Operación Sospechosa vinculado a Adorni o Angeletti. También pidió una inspección ocular con perito oficial en el predio, declaración testimonial de vecinos, informe del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y medidas cautelares patrimoniales: embargo preventivo e inhibición general de bienes sobre los bienes de ambos.
La respuesta del oficialismo al escándalo llegó de donde menos convenía. Adorni no habló. Javier Milei publicó un mensaje en redes sociales en el que desmintió que fuera a pedirle la renuncia y atacó a la prensa, sin mencionar ni la casa ni el country ni Exaltación de la Cruz. La única voz oficialista que abordó el tema fue la diputada Lilia Lemoine, quien salió a defender a Adorni minimizando el escándalo y comparando la situación patrimonial del funcionario con la de Pagano, que vive con su pareja en La Isla, el lujoso barrio de Nordelta. Lemoine no negó la existencia de la casa ni cuestionó los datos de la denuncia. Se limitó a señalar que el inmueble no sería de alta gama y a atacar a la denunciante. El resultado fue el inverso al buscado: al no desmentir la existencia de la propiedad, terminó confirmando lo que Adorni todavía no admitió.
Este nuevo capítulo se suma a una cadena de escándalos que lleva tres semanas sin pausa. Primero fue el viaje de Angeletti en el avión presidencial a Nueva York. Después el vuelo privado de toda la familia a Punta del Este en carnaval. Después el video filtrado desde adentro del propio gobierno y las cuatro veces que Adorni no descartó que hubiera sido Santiago Caputo. Ahora la casa sin declarar. El gobierno que llegó prometiendo el fin de la casta acumula en su jefe de Gabinete un expediente de privilegios, opacidad patrimonial y escándalos de uso de recursos públicos que se parece cada vez más a lo que vino a reemplazar.