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POLÃTICA
6 de febrero de 2026
Milei retira al Estado como querellante para salvar a Caputo y Sturzenegger
A través de un decreto presidencial, el Ejecutivo abandonó la persecución penal en la causa por el préstamo del FMI de 2018. La medida garantiza impunidad administrativa a los dos máximos responsables de la economía actual, quienes estaban imputados por administración fraudulenta.
La medida beneficia directamente a los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, protagonistas de aquel acuerdo en 2018.
En un movimiento que sacude el tablero político y judicial, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 87/2026, mediante el cual instruye a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante en la causa penal que investiga el préstamo de 45.000 millones de dólares otorgado por el FMI a la gestión de Mauricio Macri.
La decisión administrativa llega apenas 72 horas después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dictara el archivo de la causa, argumentando que las decisiones de política económica no son judiciables. Aunque el fiscal Franco Picardi apeló dicho archivo para intentar mantener viva la investigación por "administración fraudulenta", el Estado Nacional decidió retirarse definitivamente del rol de acusador.
Los principales beneficiados
Esta resolución impacta directamente en figuras clave del actual gabinete libertario. Luis "Toto" Caputo (actual ministro de Economía) y Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación), quienes ocupaban el Ministerio de Finanzas y la presidencia del Banco Central respectivamente durante 2018, figuraban como imputados centrales en el expediente. También se ven favorecidos el propio ex presidente Mauricio Macri y los ex funcionarios Nicolás Dujovne y Guido Sandleris.
Argumentos oficiales
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumenta que la intervención de la Procuración del Tesoro en causas penales es una medida "excepcional" y que el organismo debe priorizar su especificidad técnica en otras áreas. No obstante, el decreto aclara que este cese de la querella penal no implica renunciar a futuras acciones civiles por daños y perjuicios, aunque en la práctica vacía de impulso político a la acusación criminal.
La medida ha generado una fuerte reacción en la oposición, que señala una contradicción con el discurso "anti-casta" del Presidente, dado que el propio Milei, antes de llegar a la Casa Rosada, había sido un duro crítico del acuerdo con el Fondo, calificándolo en diversas ocasiones como un proceso plagado de irregularidades.
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