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Mendoza se encuentra en la antesala de un cambio de paradigma en su infraestructura. Tras décadas de rutas abiertas y gratuitas, la provincia ha puesto en marcha el cronograma para implementar peajes en los corredores más transitados. La medida, que combina una inversión millonaria con un cambio tecnológico sin precedentes, abre un debate necesario: ¿es el pago por uso la solución al déficit vial o un impuesto más que asfixia al trabajador?

La apuesta tecnológica: Obras y "Free Flow"

Esta semana se dio un paso decisivo con la apertura de 11 ofertas para la refuncionalización del Acceso Este (Ruta Nacional 7). Con un presupuesto de $128.000 millones, la obra abarcará desde la Variante Palmira hasta el Nudo Vial, incluyendo un tercer carril y el ensanche de puentes.

La novedad técnica es el sistema "Free Flow". A diferencia de los peajes tradicionales, no habrá cabinas ni barreras. Los conductores pasarán bajo pórticos equipados con cámaras que identificarán el TelePASE o la patente. Este sistema promete eliminar las demoras, pero garantiza una cobrabilidad del 100%, dejando poco margen para la evasión.

El impacto en el presupuesto familiar

A pesar de las ventajas en seguridad vial y fluidez, el enfoque económico preocupa a los miles de mendocinos que utilizan el Acceso Este o la Ruta Provincial 153 para sus actividades diarias.

Para un trabajador que reside en Maipú, San Martín o Guaymallén y se traslada diariamente a la Capital, el peaje no es una opción, sino un gasto forzoso. Tomando como referencia las tarifas nacionales actuales que rondan los $1.800 por pasada para livianos, el costo mensual de movilidad podría incrementarse en más de $70.000.

Este "nuevo ítem" en la planilla de gastos llega en un momento de alta sensibilidad económica, donde los costos de combustible, seguros y patentes ya ejercen una presión considerable sobre el salario.

El "Modelo San Luis" y la gestión local

El gobernador Alfredo Cornejo ha ratificado el convenio con el Ente Control de Rutas de San Luis para replicar su gestión en rutas provinciales como la 153. Este modelo busca que lo recaudado vuelva directamente al asfalto de esa misma ruta, evitando que el deterioro vial dependa de la discrecionalidad de los fondos nacionales.

Puntos clave del esquema 2026:

• Obra terminada, peaje activado: La provincia asegura que el cobro solo iniciará una vez que las mejoras en el asfalto y la iluminación sean palpables.

• Tarifas diferenciadas: Se estudia un sistema de "usuario frecuente" con descuentos progresivos para amortiguar el impacto en quienes usan la ruta por motivos laborales.

• Inversión del Resarcimiento: Mendoza utilizará parte de los fondos del ex Portezuelo del Viento para estas obras, buscando generar un círculo virtuoso de mantenimiento.

¿Inversión o carga pública?

El desafío del Gobierno será demostrar que el servicio prestado justifica el desembolso extra. Para el usuario, el debate es más simple: en una economía estancada, cualquier nuevo costo se siente como un obstáculo para el desarrollo personal. La modernización de los accesos es una deuda pendiente, pero el precio de esa modernización recaerá, una vez más, sobre el usuario final.