El gobierno de Javier Milei busca imprimir velocidad máxima a la reforma laboral y lograr su aprobación en el Senado antes de que termine el año. Aunque el proyecto todavía no ingresó formalmente a la Cámara alta, en La Libertad Avanza confían en un conteo preliminar que los deja a las puertas del objetivo, pero con márgenes demasiado ajustados como para despejar todas las dudas.

La estrategia comienza a definirse este martes, cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel reúna a los jefes de bloque para acordar la conformación de las comisiones, en particular la de Trabajo. Allí, el oficialismo pretende iniciar el debate de inmediato y avanzar con dictámenes en una dinámica contrarreloj que permita llegar al recinto antes del 30 de diciembre.

En ese marco, el oficialismo sumó una ficha clave: el senador cordobés Luis Juez rompió con el PRO, armó un monobloque y se integró al interbloque libertario. Con ese movimiento, La Libertad Avanza alcanza los 21 votos propios. A ese número se agregan, en el cálculo optimista del Gobierno, los diez senadores de la UCR y los tres del PRO, lo que eleva la cuenta a 33. Si se suman los dos representantes de Misiones, alineados con el poder provincial, el total asciende a 36 voluntades.

Ese número deja al oficialismo a apenas un voto del quórum y de la mayoría simple necesaria para aprobar la reforma. Es suficiente para ilusionarse, pero insuficiente para garantizar una sesión sin sobresaltos. Por eso, en el entorno de Patricia Bullrich —quien conduce la bancada libertaria— reina una mezcla de entusiasmo y cautela.

El primer escollo será la Comisión de Trabajo. Bullrich necesita asegurarse al menos nueve de los 17 integrantes para obtener dictamen de mayoría. La intención es sesionar durante toda la semana, incluso sin descartar reuniones en días inhábiles. Si el dictamen no sale ahora, el plan se cae y el debate quedaría postergado hasta febrero.

Más allá de los números finos, el problema de fondo es político. Unión por la Patria, con 28 senadores, se muestra completamente alineado para bloquear un tratamiento exprés y rechazar los aspectos más sensibles del proyecto, que toca indemnizaciones, contratación laboral, vacaciones y financiamiento sindical. Pero las dudas no se agotan en la oposición dura.

Dentro de la UCR ya anticipan reparos y posibles pedidos de modificación. El proyecto, de casi 200 artículos, todavía está bajo análisis y genera ruido en varios puntos. Uno de los más polémicos es la derogación del Estatuto del Periodista, cuestionada incluso por la senadora radical Carolina Losada, quien advirtió sobre el impacto que podría tener en las garantías vinculadas a la libertad de prensa.

Tampoco hay entusiasmo desbordante en otros bloques dialoguistas. En Provincias Unidas, que integran Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, no rechazan la reforma, pero desconfían del apuro y dejan trascender que prefieren un debate más pausado.

A este escenario se suma la presión sindical, especialmente fuerte en provincias del norte y del sur. El rechazo a los cambios en la cuota sindical y, sobre todo, a la eliminación de la cuota solidaria atraviesa a casi todo el arco gremial. Incluso sindicatos estratégicos como los de la minería y el petróleo hacen sentir su peso sobre senadores de regiones clave.

Por eso, el oficialismo mira con atención a bancas todavía inciertas: Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Salta aparecen como territorios en disputa. También Tucumán, donde el reciente giro de fondos nacionales reavivó las especulaciones sobre un posible respaldo legislativo.

Como si todo esto fuera poco, el calendario juega en contra. El Gobierno pretende concentrar en una misma sesión el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral. A días de Año Nuevo, varios senadores ya advierten sobre problemas logísticos para viajar, un detalle menor en apariencia, pero decisivo cuando cada voto cuenta.

Puertas adentro del Senado, son pocos los que ven viable hoy un tratamiento exprés. Sin embargo, aliados y opositores coinciden en algo: con Javier Milei, las sorpresas están a la orden del día. Por eso, la reunión de este martes no será un trámite más, sino el verdadero punto de partida para saber si la reforma laboral avanza a toda velocidad o si, una vez más, el número final no le alcanza al Gobierno.