La investigación judicial que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza como una radiografía incómoda del funcionamiento interno del Estado. Lo que, en su origen, parecía un caso más de irregularidades administrativas terminó mostrando una estructura paralela en la que confluyen operadores, empresas contratistas, funcionarios y millones de pesos destinados a programas de discapacidad.

El protagonista central de ese mecanismo es Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los articuladores de una red que habría influido en licitaciones, direccionado contrataciones y generado un circuito económico que el fiscal Franco Picardi calcula en 37.000 millones de pesos. Calvete fue citado a declarar en Comodoro Py pero prefirió el silencio, una estrategia que contrasta con la contundencia del material secuestrado en su vivienda.

Una hoja en la heladera que cuenta más que cualquier testimonio

Durante uno de los allanamientos, los investigadores encontraron una escena insólita: un papel imantado en la heladera con instrucciones precisas sobre cómo actuar en caso de preguntas incómodas o procedimientos judiciales.

El mensaje era claro: si alguien preguntaba por empresas claves del expediente —Indecon, Finfox, Profarma, Reposán o Vmax— o mencionaba el nombre de Calvete o el de su pareja, había que responder simplemente: “Acá no es”.

El mismo instructivo ordenaba que, si ingresaba la justicia, la persona debía avisar, sacar una foto y consultar de inmediato a un abogado específico.

Ese abogado es Camilo Cordero Fabbri, y allí comienza el capítulo más incómodo para el Gobierno.

El defensor que también trabajaba en la Oficina Anticorrupción

Cordero Fabbri no era un profesional externo sin vínculos políticos: era funcionario de la Oficina Anticorrupción, responsable de filtrar, recibir y derivar denuncias sobre hechos de corrupción en el Estado. Es decir, la persona indicada en la heladera para intervenir ante un allanamiento trabajaba, nada menos, que en el organismo que debería perseguir justamente las maniobras que se están investigando.

El cruce entre su rol público y su rol privado desató un escándalo institucional que dejó al Gobierno frente a un dilema de transparencia. Tras hacerse público su vínculo con Calvete, presentó su renuncia, pero el daño político ya estaba hecho.

Dólares, excusas y silencios

El operativo en la casa de Calvete también dejó otro elemento que refuerza la sospecha de un circuito financiero no declarado: 700.000 dólares en efectivo, además de bienes de alto valor. La cifra llamó la atención no sólo por su magnitud, sino por el contraste con la situación económica del país y con los programas que la ANDIS administra.

Incluso generó un capítulo adicional cuando la hija del imputado, Ornela Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, pidió formalmente que la justicia le devolviera 50.000 dólares y 1.900 euros que dijo ser “de un viaje”, agregando que respecto al resto del dinero encontrado, simplemente “no sabía”.

Una red que creció por dentro y por fuera del Estado

La causa muestra que la trama no se limita a un funcionario o una empresa. El expediente despliega una constelación de proveedores, intermediarios, controles laxos y favores cruzados que involucran a gestiones diversas, con terminales tanto políticas como económicas.

El origen de todo estuvo en una serie de audios que no sirvieron como prueba formal, pero que funcionaron como disparador para una investigación más profunda, donde se detectaron licitaciones direccionadas, pagos sospechosos y tácticas de encubrimiento que parecían parte de un procedimiento habitual.

Impacto político: una grieta en el discurso de transparencia

El caso golpea especialmente al Gobierno porque involucra a un organismo sensible y porque deja expuestos a los propios mecanismos creados para controlar la corrupción. La presencia de un funcionario de la OA en el corazón de la defensa de uno de los principales sospechosos genera un interrogante incómodo:

¿quién controlaba a quienes debían controlar?

Mientras Picardi avanza con nuevas medidas y más citaciones, la investigación ya dejó un mensaje claro: la estructura de la ANDIS operaba sin controles efectivos y amparada por vínculos que exceden al organismo.