Argentina volvió a quedar en el centro del debate internacional tras rechazar una resolución de la Asamblea General de la ONU que pedía a todos los Estados tomar medidas para prevenir y eliminar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La votación, que tradicionalmente se aprueba por unanimidad o con apoyos abrumadores, culminó esta vez con solo tres países en contra: Estados Unidos, Israel y Argentina.

El texto sometido a consideración reafirmaba la prohibición absoluta de la tortura en cualquier circunstancia, un principio central del derecho internacional humanitario y de los tratados de derechos humanos. Sin embargo, la Argentina decidió apartarse del consenso internacional, en sintonía con el alineamiento diplomático que el presidente Javier Milei viene profundizando con Washington y Tel Aviv.

Un quiebre histórico

La posición adoptada marca un giro drástico respecto de la tradición diplomática argentina. Desde el retorno de la democracia en 1983, todos los gobiernos –sin distinción partidaria– habían respaldado resoluciones contra la tortura, apelando a la propia historia del país y al rol que tuvo Argentina en la construcción del sistema internacional de derechos humanos tras la última dictadura.

Especialistas y ex diplomáticos señalaron que este cambio erosiona el “capital moral” que la Argentina había consolidado durante décadas. Incluso el ex embajador Roberto Carlés advirtió que estas decisiones colocan al país en un lugar de debilidad internacional: “Las grandes potencias no respetan a los arrastrados”, afirmó al analizar el impacto del voto.

Un alineamiento que se profundiza

La votación en la ONU no fue un hecho aislado. En los últimos dos años, el gobierno de Milei adoptó posturas en foros internacionales que se apartaron de los consensos globales en materia de derechos humanos. A fines de 2024, Argentina también fue el único país en rechazar una resolución para combatir la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.

Además, apenas una semana antes de este nuevo voto, una delegación de la Subsecretaría de Derechos Humanos viajó a Ginebra para cuestionar a organismos internacionales y promover una narrativa de “memoria completa” sobre los crímenes de la última dictadura, generando preocupación entre entidades y expertos.

Aislamiento diplomático

Mientras  prácticamente toda la comunidad internacional acompañó la resolución, solo cuatro países se abstuvieron: Rusia, Nicaragua, Burundi y Papúa Nueva Guinea. La decisión argentina, por lo tanto, no solo rompe con su propia tradición sino que la coloca en un grupo extremadamente reducido de naciones que rechazaron condenar la tortura sin matices.

Para organismos y referentes de derechos humanos, el gesto representa un retroceso grave y abre interrogantes sobre el rumbo ético y político de la política exterior argentina. La senadora Juliana Di Tullio sostuvo que el gobierno está rompiendo “el pacto democrático” que estableció al país como referente global en la materia.

Un mensaje al mundo

El voto en la ONU no solo consolida el alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, sino que también envía una señal contundente a la comunidad internacional: Argentina está dispuesta a romper consensos multilaterales en temas históricamente sensibles a cambio de profundizar una estrategia geopolítica definida por el gobierno de Milei.

Con esta decisión, el país abandona un lugar simbólico que había construido tras décadas de lucha por memoria, verdad y justicia, y abre un debate interno sobre las consecuencias políticas, institucionales y diplomáticas que puede acarrear este nuevo posicionamiento.