El Gobierno nacional enfrenta una crisis inesperada luego de la salida de Ornella Calvete, una funcionaria de la Secretaría de Industria y Comercio que dejó su cargo tras un allanamiento judicial que reveló un hallazgo explosivo: cerca de 700 mil dólares en efectivo, además de otras monedas extranjeras, guardados en su vivienda.

El operativo formó parte de la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un expediente que, lejos de agotarse, sigue sumando ramificaciones dentro del Estado.

La incautación del dinero se produjo el 9 de octubre, durante uno de los procedimientos ordenados por el Ministerio Público Fiscal en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de Calvete, los investigadores también se llevaron documentación, anotaciones y dispositivos electrónicos, elementos que ya están bajo análisis del juez que conduce la causa. La magnitud del hallazgo precipitó su salida y generó conmoción en el Ministerio de Economía, donde su permanencia era vista como políticamente inviable.

Conversaciones comprometedoras y una renuncia inevitable

A medida que el expediente avanzaba, la Justicia incorporó chats entre Calvete y su padre, el empresario Miguel Ángel Calvete, figura conocida en el sector supermercadista. En los mensajes, ambos hablan sobre la presencia policial y expresan preocupación por la procedencia del dinero.

En uno de esos intercambios, fechado el 12 de septiembre, él le sugiere qué decir si la justicia indaga sobre los fondos encontrados. En otro diálogo, del 10 de septiembre, se menciona una reunión con un empresario de ortopedia que prometía “regalos” de alto valor en caso de concretarse determinados acuerdos.

La renuncia de Calvete fue formalizada en las últimas horas y aceptada sin demoras en la cartera que dirige Luis Caputo, donde ya se evalúa quién ocupará su lugar.

El avance judicial y el rol del padre

Mientras tanto, Miguel Ángel Calvete tuvo que presentarse en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado. Su historial como referente empresarial —particularmente en cámaras vinculadas a supermercados chinos y al comercio minorista— lo coloca ahora en el centro de un capítulo incómodo para el Gobierno, pero clave para la Justicia, que busca determinar si existieron retornos ilícitos, beneficios indebidos u operaciones vinculadas a proveedores estatales.

Hasta el momento no se conocieron nuevas imputaciones, aunque fuentes judiciales admiten que el expediente está lejos de cerrarse y que las declaraciones, registros bancarios y documentos secuestrados podrían derivar en más movimientos en las próximas semanas.

Un golpe institucional que suma presión al Gobierno

La salida de Calvete dejó a la administración nacional lidiando con uno de los episodios más delicados de los últimos meses. No sólo por la cantidad de dinero incautado, sino por la sensibilidad del área en la que trabajaba y por la relación directa que mantenía con decisiones estratégicas sobre industria y comercio.

La causa ANDIS, que en un principio apuntaba a presuntas irregularidades administrativas, ya tomó dimensiones mayores y amenaza con involucrar a más funcionarios y empresarios. En el Ejecutivo aseguran que las áreas continúan operativas, pero reconocen que el escándalo abrió un nuevo flanco político en un momento marcado por tensiones internas y un clima de creciente desconfianza pública.