El conflicto entre los trabajadores judiciales y el Gobierno provincial alcanzó este lunes su punto más alto. Ricardo Babillón, secretario general del gremio de empleados judiciales, fue imputado por “entorpecimiento del transporte público” tras una manifestación realizada en el Nudo Vial de la Costanera el pasado 16 de octubre. Pero el hecho no quedó allí: la Justicia avanzó también contra el resto de la conducción sindical, incluyendo al secretario gremial, la secretaria de actas y el tesorero.

La decisión fue comunicada por el fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, y generó una inmediata reacción en el movimiento sindical mendocino. En los alrededores del Polo Judicial, donde Babillón se presentó para la audiencia, se concentraron referentes de distintos gremios y organizaciones que acompañaron la convocatoria bajo una consigna unificada: “Si tocan a uno, nos tocan a todos”.

Desde la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial denunciaron que se trata de un nuevo intento de persecución política. “No tenemos dudas de que esta imputación forma parte de una estrategia para callar la protesta y disciplinar a los trabajadores. En lugar de resolver los reclamos, el Gobierno recurre al aparato judicial para castigar la organización sindical”, advirtieron en un comunicado.

La protesta que derivó en las imputaciones había sido convocada para exigir mejoras salariales y el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, aprobado por la Suprema Corte de Justicia el año pasado pero aún sin instrumentación. En aquel momento, los manifestantes denunciaron que mientras “el gobernador Alfredo Cornejo y los ministros de la Corte se otorgaban aumentos millonarios, el resto del Poder Judicial seguía con sueldos de indigencia”.

Babillón, al ingresar a la audiencia, fue contundente: “Vivimos en una provincia donde no se respeta la democracia ni la división de poderes. Cuando el gobernador no logra callar una protesta con amenazas, manda a los fiscales a imputar. No nos vamos a callar, no vinimos a tener miedo”.

La imputación del gremio judicial ocurre en un contexto de profundo malestar dentro del Poder Judicial mendocino, marcado por el reclamo salarial, la falta de recursos y la tensión institucional entre los distintos poderes del Estado. En la última sesión legislativa, el propio presidente de la Corte, Dalmiro Garay, advirtió que el presupuesto asignado por el Ejecutivo era insuficiente, mientras que el procurador Alejandro Gullé directamente no asistió al debate.

Para el sindicato, el mensaje político detrás de las imputaciones es claro: “El Gobierno utiliza a la Justicia para disciplinar a quienes se organizan y reclaman derechos. Pero esta vez la estrategia les va a salir mal, porque la respuesta será más unidad y más lucha”, afirmaron desde el gremio.

Con toda su conducción imputada, el conflicto judicial promete escalar en los próximos días.