La Fuerza Aérea Argentina emitió un contundente informe interno que pone en duda la capacidad del país para sostener operativamente los cazas F-16 que el gobierno de Javier Milei anunció como uno de sus principales logros en materia de defensa. El texto, revelado por iProfesional, describe una situación alarmante: bases aéreas deterioradas, maquinaria obsoleta y una infraestructura incapaz de garantizar vuelos seguros.

“El Grupo Construcciones del Área Logística Palomar enfrenta serias dificultades operativas debido a su incapacidad para realizar el mantenimiento adecuado de las pistas en las bases aéreas”, señala el documento. Esa división es la encargada de reparar, construir y mantener las 25 pistas y 15 helipuertos que tiene la Fuerza Aérea en todo el país. Sin embargo, según el informe, actualmente sólo opera al 50% de su capacidad.

Entre los datos más duros, el texto subraya que el parque de maquinaria —que incluye motoniveladoras, topadoras, camiones y rodillos— tiene una antigüedad promedio de 30 años. Los equipos están en mal estado, tienen altos costos de mantenimiento y una productividad mínima, lo que afecta directamente la seguridad de las operaciones aéreas.

Las consecuencias son graves: pistas deterioradas, restricciones en los vuelos y una merma significativa en la capacidad de despegue y aterrizaje. “Esto afecta no sólo las misiones de transporte y abastecimiento, sino también la seguridad nacional, ya que compromete las tareas de vigilancia del espacio aéreo”, indica el informe.

Un oficial de la Fuerza Aérea que dialogó con el medio fue aún más gráfico:

“No hay partida presupuestaria ni para horas de vuelo. Si hoy tuviéramos los 24 F-16, podríamos hacerlos volar apenas dos horas por año”.

El diagnóstico se conoce en medio de la crisis interna del Ministerio de Defensa, donde la gestión de Luis Petri atraviesa su etapa final antes de su salida para asumir como diputado por Mendoza. En ese contexto, las voces militares que antes se expresaban en privado hoy lo hacen abiertamente, preocupadas por la falta de inversión y de planificación.

Además, el panorama se complica por la decisión del Gobierno de eliminar el Fondo para el Equipamiento de las Fuerzas Armadas, que destinaba el 0,8% de los ingresos nacionales al reequipamiento militar. Esa medida, sumada a los recortes previstos en el Presupuesto 2026, deja al borde del colapso la operatividad de las tres fuerzas.

La compra de los F-16, que el oficialismo presenta como una conquista diplomática y tecnológica, se realizó bajo el sistema FMS (Programa de Ventas Militares al Extranjero) de Estados Unidos, que exige el pago previo del material. Pero dentro del propio Ejército reconocen que no hay certezas de que el país pueda cumplir con los plazos.

Por si fuera poco, el acuerdo con el Reino Unido impide equipar los aviones con radares capaces de operar sobre las Islas Malvinas, lo que resta capacidad estratégica al proyecto.

El informe cierra con una propuesta de recuperación gradual de la infraestructura aérea hasta 2028, pero los propios técnicos reconocen que sin presupuesto ni maquinaria, el plan es hoy inviable.

La llegada de los F-16, símbolo de modernización para el Gobierno, parece chocar con una realidad mucho más dura: pistas agrietadas, hangares deteriorados y una fuerza aérea que, según sus propios especialistas, apenas puede despegar.