El ministro de Defensa, Luis Petri, quedó en el centro de una fuerte denuncia presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lo acusa de malversación de fondos públicos y de poner en riesgo la seguridad nacional. Según la presentación, el CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa) fue utilizado como playón rentado de estacionamiento durante las cuatro noches del festival Quilmes Rock, realizado en Villa Martelli en abril pasado.

De acuerdo con el escrito, la maniobra habría generado más de 80 millones de pesos en ingresos que nunca fueron informados oficialmente. La denuncia fue presentada ante la Oficina Anticorrupción, donde se detalla que el predio militar fue cedido a la empresa Sekeer Parking a cambio de un supuesto convenio para financiar proyectos de investigación que nunca se concretaron.

“Durante el 5, 6, 12 y 13 de abril pasado, el CITEDEF facilitó su predio a metros de la General Paz a la firma Sekeer Parking, a cambio de un convenio mediante el cual los empresarios destinarían 20 millones de pesos para financiar 10 proyectos de investigación y desarrollo, lo que no ocurrió”, señala la presentación citada por Perfil.

Además de la falta de rendición de fondos, ATE denunció daños materiales en las instalaciones, entre ellos la rotura de una luz de balizamiento del helipuerto (valuada en 600 dólares) y una tapa de cemento que protegía cableado eléctrico, cuyo costo se estimó entre 15.000 y 23.000 pesos.

El secretario general de ATE en CITEDEF, Alejandro Gallardo, aseguró que el Ministerio de Defensa intentó negociar para frenar la denuncia antes de su presentación formal. “El año pasado el presidente del organismo, el coronel retirado Fernando Roberto Lloveras, emitió una disposición interna que restringe la comunicación con el personal y los sindicatos. Nos amenazaron con sanciones si difundíamos información institucional”, declaró Gallardo.

El dirigente sindical subrayó que la presentación responde al cumplimiento de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. “Estamos obligados a denunciar cualquier posible acto de corrupción. No se puede naturalizar que un predio militar, donde hay material clasificado y secretos de defensa, sea alquilado para un negocio privado”, sostuvo.

ATE también pidió la renuncia de Lloveras y de su pareja, quien ocupa un cargo de directora nacional en el Ministerio de Defensa, al considerar que ambos son responsables directos de las irregularidades detectadas.

“Queremos exponer la doble vara del ministro Petri y de sus funcionarios. Es una gestión muy oscura”, concluyó Gallardo, quien además recordó que esta es la segunda denuncia en dos semanas contra el ministro. La anterior apuntó a un supuesto caso de militares que cobraban horas como docentes sin dictar clases en la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”.