La crisis electoral que desató la renuncia de José Luis Espert dejó a Javier Milei frente a un dilema que podría resolverse en los tribunales. El juez electoral Alejo Ramos Padilla —blanco habitual de los ataques libertarios— deberá definir quién encabezará finalmente la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

En el entorno presidencial ya tienen una prioridad: colocar a Diego Santilli como número uno. Pero para eso, Karen Reichardt, quien figura como segunda en la lista, debería presentar su renuncia. Si no lo hace, el magistrado podría determinar que ella sea quien ocupe el primer lugar, alterando el plan político que Milei busca imponer a contrarreloj.

Fuentes judiciales explicaron que, aunque existe el artículo 7 de la Ley de Paridad que dispone el reemplazo por género, su aplicación no es automática cuando se trata del primer puesto en una lista. “La definición recae exclusivamente sobre el juez electoral”, detallaron. En este contexto, la resolución de Ramos Padilla será determinante.

El antecedente más citado es el de Fernando Niembro en 2015, quien renunció al tope de la nómina de Cambiemos tras una investigación periodística. En ese caso, su lugar fue ocupado por Silvia Lospennato, lo que demuestra que el corrimiento no siempre respeta la lógica de género.

Si Reichardt no da un paso al costado, el fallo de Ramos Padilla podría ser apelado por el Gobierno ante la Cámara Electoral e incluso llegar a la Corte Suprema. Sin embargo, con apenas veinte días hasta las elecciones, ese escenario luce poco probable.

Por eso, en la Casa Rosada analizan persuadir a Reichardt —conocida por su paso en la “Brigada Cola”— para que renuncie voluntariamente. No pueden obligarla, ya que el plazo para modificar las listas venció hace dos meses. Si decide resistir, admiten en el oficialismo, se abriría una “grieta machista” dentro del propio espacio libertario.

Mientras tanto, las boletas siguen siendo un dolor de cabeza logístico y económico. La mitad ya fue impresa y la otra parte debía entregarse este lunes. Cada hora que pasa sin una definición judicial encarece el proceso y aumenta la tensión política dentro del Gobierno.