La tensión en la city porteña se disparó esta semana luego de que el equipo económico, encabezado por Luis Caputo, elevara nuevamente los encajes bancarios, en una jugada que sorprendió por su alcance y su carácter forzado. La medida llega tras el fracaso de la última licitación de deuda, donde el Tesoro solo logró renovar un 61% de los vencimientos, dejando seis billones de pesos libres y con destino probable al mercado cambiario.

La estrategia oficial apunta a inmovilizar una mayor porción de los depósitos y canalizar esos fondos hacia un bono específico —el TAMAR, con vencimiento en noviembre de 2025— reservado exclusivamente para los bancos. Para garantizar la colocación, el Banco Central elevó de 45% a 50% el porcentaje de encaje y dispuso que ese incremento pueda integrarse únicamente con papeles de la nueva licitación. Además, el cálculo pasará de ser mensual a diario, con sanciones más duras para quienes no cumplan.

El trasfondo es una pulseada directa con las entidades financieras, que ven en la medida una afectación a su patrimonio y una maniobra que encarece el crédito, en un contexto de actividad económica estancada desde febrero. Para el mercado, este endurecimiento busca contener al dólar en plena cuenta regresiva electoral, más que cumplir con las metas monetarias acordadas con el FMI.

En paralelo, las tasas de interés en pesos alcanzan niveles récord en términos reales, empujando a los inversores hacia estrategias de corto plazo y reforzando el atractivo del “carry trade”. Sin embargo, la volatilidad sigue alta y persisten las dudas sobre la consistencia de la política monetaria, luego de que el propio presidente Javier Milei anunciara que tomará el control del programa financiero, reconociendo que hasta ahora desconocía los detalles de las decisiones adoptadas por Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili.

El mercado observa un dólar mayorista estabilizado gracias a intervenciones del Central, aunque con mayor presión en los meses de calendario electoral. Entre analistas y operadores, la sensación es que el Gobierno está dispuesto a sostener la desaceleración inflacionaria “a capa y espada” hasta las elecciones, dejando para después las definiciones estructurales.

Mientras tanto, las mesas financieras conviven con una agenda cargada de licitaciones sorpresivas, ajustes normativos y un clima de incertidumbre que pocos esperaban ver a esta altura del año. Lo único claro es que, en esta pulseada, el desenlace todavía está abierto.