Después de una semana en la que el oficialismo perdió por goleada en el Congreso, Javier Milei apareció el viernes por la noche en cadena nacional para dejar en claro que su plan de ajuste no se detendrá. En un mensaje grabado de 23 minutos, el mandatario anunció que enviaría un proyecto de ley para sancionar a legisladores y funcionarios que aprueben presupuestos nacionales con déficit fiscal y prohibir que el Tesoro financie gasto primario mediante emisión monetaria.

En tono desafiante, acusó al Congreso de “querer quebrar la economía” y de promover “gastos sin respaldo” que, según él, llevarían al país “al abismo”. También lanzó una advertencia directa: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

La Casa Rosada admitió por primera vez que perdió control legislativo hasta el recambio parlamentario de diciembre. Tras el llamado “miércoles negro” en Diputados, el discurso buscó enviar una señal de tranquilidad a los mercados y, al mismo tiempo, responsabilizar a la sociedad de la elección de octubre entre “la fuerza del cambio” o “la adicción al gasto público sin respaldo”.

La pelea por las cuentas

Milei justificó sus vetos afirmando que las leyes opositoras no tenían financiamiento. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) desmintió ese argumento: el aumento del 7,2% a jubilaciones y pensiones, el bono de $110.000 y las mejoras a pensiones no contributivas incluían seis fuentes concretas de recursos, desde recortes en partidas de inteligencia hasta la eliminación de exenciones impositivas.

Según la OPC, el costo total anual equivalía al 0,78% del PBI y estaba prácticamente cubierto. El CEPA calculó que el gasto representaba apenas el 39,5% del superávit fiscal acumulado entre enero y mayo y menos de un cuarto de las transferencias del Banco Central al Tesoro en abril.

Superávit para acreedores, no para derechos

Aunque el Gobierno exhibió superávit fiscal en el primer semestre, gran parte se destinó al pago de intereses de deuda. La moratoria previsional —que permitiría jubilar a 220 mil personas— costaría solo el 0,08% del PBI, mientras que la Ley de Emergencia en Discapacidad demandaría un 0,3%. Ambas fueron vetadas o recortadas.

Ajuste selectivo

Desde la oposición denunciaron que el “no hay plata” se volvió un argumento selectivo. Cristina Fernández de Kirchner cuestionó que mientras se recortan fondos para jubilados, personas con discapacidad, hospitales y universidades, el Ejecutivo redujo impuestos y retenciones a los sectores más concentrados de la economía. Entre las medidas figuran la eliminación del impuesto a los Bienes Personales, la reducción del impuesto PAIS y la baja de retenciones al agro y la minería.

Estas decisiones implicaron resignar ingresos equivalentes o mayores al costo de las leyes vetadas, reforzando la idea de que el ajuste recae sobre los más vulnerables. Con este escenario, la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso quedó al rojo vivo y promete intensificarse en los meses previos a las elecciones.