La discusión sobre un proyecto minero que podría alterar para siempre una de las principales fuentes de agua de Mendoza no se dará en una sala pública, ni en un centro comunitario, ni siquiera en el pueblo más cercano. El Gobierno de Mendoza eligió hacerla en medio de la montaña, en un campamento de la propia empresa minera, a 3.000 metros de altura, en pleno invierno. Y eso ya está en manos de la Justicia.

Dos amparos, presentados por la organización ambientalista Oikos y por el abogado y exlegislador Marcelo Romano, intentan frenar la audiencia pública que busca avanzar con la evaluación del proyecto megaminero San Jorge, en la zona de Yalguaraz, al norte de Uspallata.

Ambas presentaciones judiciales denuncian que se trata de una maniobra deliberada para obstaculizar la participación ciudadana. Argumentan que el lugar elegido es de difícil acceso, más aún para personas mayores, con discapacidad o sin vehículo propio, y que no garantiza ni transparencia ni pluralidad.

“La audiencia no está pensada para escuchar a la gente, está pensada para que no lleguen”, denunció Romano, quien reclamó que se convoque nuevamente a una instancia pública en un lugar accesible, como el casco urbano de Uspallata, tal como se hizo en 2011.

El trasfondo del conflicto no es menor: el proyecto San Jorge se ubica en la cabecera del Río Mendoza, un curso de agua que abastece a más de un millón y medio de personas, riega más de 250 mil hectáreas y sostiene al cuarto polo industrial del país. Según especialistas, el terreno es poroso, presenta fallas geológicas activas y cualquier error podría comprometer el sistema hídrico de toda la provincia.

Mientras la empresa sostiene que las cuencas están “aisladas”, los ambientalistas retrucan que no hay pruebas científicas que lo respalden. De hecho, algunos estudios afirman que el agua en la zona circula como en una esponja natural, comunicándose subterráneamente con otros ríos y oasis productivos.

Pero el proyecto San Jorge, aseguran, es solo la punta del iceberg. La empresa multinacional Solway ya acumula más de 70 concesiones mineras en esa misma región, con lo cual el avance extractivo podría volverse masivo y extenderse sin freno por uno de los sectores más frágiles del ecosistema mendocino.

En su amparo, Romano cita una batería de normativas violadas: desde la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, hasta el Acuerdo de Escazú, la Convención Americana de Derechos Humanos y las propias resoluciones de la Secretaría de Ambiente de Mendoza. El escrito advierte que, dado lo inminente de la audiencia, la Justicia debe actuar con celeridad porque “ningún remedio administrativo llegaría a tiempo”.

Los reclamos comenzaron apenas se conoció la resolución oficial. Distintos sectores políticos opositores exigieron explicaciones al Ministerio de Energía y Ambiente, pero hasta ahora el Gobierno no ha dado señales de reconsiderar el lugar.

En juego no está solo un expediente minero: está el modelo de desarrollo, el respeto a los derechos ciudadanos y el agua que sostiene la vida en Mendoza.