En un intento por reflotar el resistido proyecto minero San Jorge, el gobierno de Alfredo Cornejo decidió convocar a la audiencia pública en un lugar que parece pensado más para excluir que para debatir. Será en pleno campamento minero, propiedad de la empresa interesada, a más de 2.600 metros de altura, en una zona alejada, sin transporte público y con acceso restringido. La medida encendió la furia de vecinos y organizaciones ambientales de Uspallata, que no solo denuncian un armado fraudulento sino que también sospechan que el oficialismo apelará al acarreo de personas para maquillar participación.

La Asamblea de Uspallata, bajo el lema #YoNoVoy, anunció que no será parte de una audiencia que considera “ilegítima, excluyente y funcional al negocio de unos pocos”. El Gobierno, mientras tanto, prepara vehículos oficiales para trasladar gente y así intentar validar el proceso ante la opinión pública.

El silencio de los grandes medios de la provincia es estridente. Ninguno de los diarios tradicionales ha cuestionado con fuerza la elección del lugar ni el trasfondo de esta convocatoria insólita. Lejos de levantar la voz, algunos incluso buscan justificar las condiciones extremas en las que se realizará la audiencia.

Una audiencia a 2.600 metros, pensada para que no vayas

Pese a que funcionarios intentaron relativizar la altitud del lugar elegido, la Asamblea verificó que el sitio está ubicado a 2.624 metros sobre el nivel del mar, más de 600 metros por encima de Uspallata y casi 2.000 metros por encima de la ciudad de Mendoza. Según advierten, esta decisión excluye de hecho a personas mayores, con movilidad reducida o con afecciones de salud que no pueden exponerse a la altura y las condiciones climáticas del lugar.

El hecho de que se realice en propiedad privada, en un predio de la empresa interesada, también suma elementos de sospecha. No solo se compromete la neutralidad del espacio, sino que se condiciona la logística de quienes desean asistir sin apoyo del Gobierno o de la propia compañía.

Un proyecto en cuenta regresiva

Más allá de lo ambiental, esta nueva etapa de San Jorge evidencia una dimensión política ineludible. Cornejo, que desde su primer mandato impulsa el desarrollo minero como eje estratégico, se enfrenta a un obstáculo que no puede sortear: la resistencia social. A menos de un año de dejar el poder, el gobernador vuelve a forzar los tiempos en busca de imponer su proyecto emblemático.

El intento por apurar esta audiencia en condiciones desfavorables se lee como un acto de desesperación ante un reloj que corre en su contra. Sin licencia social ni apoyo genuino, el oficialismo apuesta a mostrar una falsa legitimidad construida a fuerza de vehículos, militantes y silencio mediático.

Violación de tratados y antecedentes de rechazo

Las organizaciones denuncian que esta modalidad atenta contra el Acuerdo de Escazú —que garantiza el acceso a la información y la participación en cuestiones ambientales— y el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambos con rango constitucional en Argentina.

El proyecto San Jorge fue rechazado masivamente en el pasado. Incluso gobiernos que lo impulsaron, como el de Celso Jaque en 2010, tuvieron que retroceder ante la presión ciudadana. En aquel momento, la propia UCR lo criticó con dureza. Hoy, con Cornejo a la cabeza, el radicalismo se encuentra del otro lado del mostrador, empujando con apuro y silencio cómplice un modelo que buena parte de la sociedad mendocina sigue rechazando.

La resistencia sigue activa

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, junto con colectivos ambientales y académicos, sostiene que San Jorge es inviable. Lo afirman con base en estudios del CONICET, la UNCuyo y diversas facultades de prestigio que advierten sobre el impacto hídrico, el deterioro ambiental y el daño al perfil turístico de la región.

El conflicto por San Jorge no es nuevo, pero esta audiencia se transforma en un capítulo especialmente grotesco. En vez de acercar posturas, el Gobierno decidió empujar a la sociedad mendocina a un nuevo round de disputa, esta vez con las cartas marcadas desde el principio.