Argentina cerró el primer trimestre de 2025 con un déficit de cuenta corriente de 5.191 millones de dólares, un número que por sí solo dobla la meta anual firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y prende alarmas en los mercados. Sin embargo, lejos de reconocerlo como un problema, el Gobierno lo presenta como una consecuencia natural —y hasta deseable— del crecimiento económico en marcha.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el fenómeno es el “resultado de una nueva política” basada en la libre circulación de divisas. “Hay libertad cambiaria, el dólar flota dentro de bandas y esta salida de dólares responde a una economía que se reactiva”, explicó. En la misma línea, el viceministro de Economía, José Luis Daza, sostuvo que “un déficit del 2% del PBI en un país que crece al 6% es esperable y razonable”.

Sin embargo, la magnitud del desbalance genera inquietud. Proyectado en términos anuales, el déficit externo alcanzaría entre 14.000 y 15.000 millones de dólares, muy por encima del 0,4% del PBI comprometido con el FMI. La mayor parte del rojo se explica por el boom del turismo emisivo, que solo entre enero y marzo dejó un saldo negativo de 3.464 millones de dólares, niveles similares a los de la gestión de Mauricio Macri.

Otras áreas también mostraron desequilibrios importantes, como el sector automotor (con un déficit de 1.415 millones), los servicios de transporte (867 millones), las regalías por propiedad intelectual y sectores industriales dependientes de insumos importados, como el siderúrgico, farmacéutico y textil.

Más allá de los discursos oficiales sobre una “nueva etapa” basada en la inversión, los datos duros contradicen ese relato: la inversión extranjera no da señales claras de despegue, la obra pública sigue frenada y la inversión bruta interna continúa en mínimos históricos. De hecho, el agujero en la balanza externa se financió mayormente con una caída de reservas de 6.550 millones de dólares, mientras que los desembolsos internacionales recién se esperan para el segundo trimestre.

El Gobierno defiende la estrategia con una visión de largo plazo. Según Daza, los sectores energético y minero podrían generar superávits por 50.000 o 60.000 millones de dólares en los próximos años. No obstante, ese escenario depende de factores aún ausentes: infraestructura sin ejecutar, estabilidad macroeconómica y consensos políticos todavía lejanos.

En paralelo, el tipo de cambio oficial sigue bajo un “crawling peg” del 2% mensual, una política que, para muchos analistas, genera un atraso cambiario similar al de la convertibilidad. Mientras tanto, los argentinos aprovechan para viajar al exterior con un dólar barato, las reservas del Banco Central se siguen drenando, y los dólares financieros continúan intervenidos, con brechas superiores al 30%.

Aunque desde el oficialismo se insiste en que el déficit externo es un “síntoma virtuoso” de la recuperación, los fundamentos económicos muestran un país que aún no recupera los niveles prepandemia y que depende del endeudamiento y de la cosecha gruesa para sostener su esquema.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo sostener este modelo cuando afloje el ingreso del agro y no lleguen inversiones? Y más aún: ¿cómo reaccionará el FMI frente a un desvío tan pronunciado de las metas acordadas?

Por ahora, el Gobierno apuesta a mirar el vaso medio lleno. Pero como ya enseñó la historia argentina, los déficits que hoy parecen “razonables” pueden convertirse rápidamente en un punto de quiebre.