La Ruta Nacional 7, principal corredor entre Mendoza y Chile, enfrenta un grave colapso debido al deterioro de su infraestructura y la falta de obras de mantenimiento. En el último año, los accidentes y atascos se han incrementado de forma alarmante, generando críticas desde la gestión provincial hacia el gobierno nacional.

El gobernador Alfredo Cornejo solicitó al presidente Javier Milei la transferencia del control de la ruta para encargarse directamente de las obras necesarias. Sin embargo, la negativa desde Nación dejó en suspenso una solución a corto plazo. “Nos dijeron que licitarán las obras en febrero, pero con tantas idas y venidas, no hay certezas”, expresaron desde el gobierno mendocino.

Medidas paliativas provinciales ante la emergencia

Ante la falta de avances desde Nación, la provincia de Mendoza lanzó un plan de emergencia para mitigar los problemas en la Ruta 7. Entre las medidas anunciadas, se instalarán cuatro paradores en puntos estratégicos de alta montaña para reducir el impacto de las largas esperas y mejorar la seguridad vial.

Los paradores estarán ubicados en:

    •    Uspallata y Penitentes: con capacidad para 400 vehículos cada uno.

    •    Punta de Vacas: con espacio para 200 automóviles.

    •    Puente del Inca: que podrá alojar hasta 100 vehículos.

Además, se reforzará el control y monitoreo del tránsito, especialmente durante la temporada alta de turismo y comercio hacia Chile.

Un futuro incierto: promesas y concesiones

Desde el Ejecutivo Nacional, la estrategia apunta a concesionar los 347 kilómetros de la Ruta 7 que atraviesan Mendoza, desde Desaguadero hasta el túnel Cristo Redentor, bajo un esquema de peajes. Sin embargo, esta propuesta genera dudas entre las autoridades provinciales y legisladores.

“Es una obra que, de licitarse en febrero, recién podría comenzar a mostrar avances en la segunda mitad del año. Mientras tanto, los mendocinos seguimos sufriendo las consecuencias de la falta de mantenimiento”, advirtió Cornejo.

El descontento llegó incluso al Congreso, donde diputados mendocinos solicitaron la declaración de emergencia vial para esta ruta. La crisis fue también eje del encuentro entre legisladores radicales y el presidente Milei, aunque sin resultados concretos hasta el momento.

Un conflicto que no encuentra salida

La parálisis en la obra pública y los cambios constantes en Vialidad Nacional durante el primer año de gestión de Milei profundizan las dudas sobre la viabilidad y la rapidez de las soluciones prometidas. En tanto, la Ruta 7, una arteria clave para la economía regional y el turismo, sigue siendo un punto crítico que refleja la tensión entre Nación y Mendoza.

Mientras las obras estructurales permanecen en el aire, las medidas paliativas impulsadas por la provincia intentan dar un alivio temporal a un problema que, según los expertos, continuará agravándose si no se toman decisiones inmediatas.