Este jueves 29 de agosto, la Justicia llevó a cabo un procedimiento en las oficinas de la Secretaría de Niñez, dependiente del Ministerio de Capital Humano, en el marco de la causa que investiga la retención de 6 mil toneladas de alimentos adquiridos por el Estado. La medida fue impulsada por el juez Sebastián Casanello, quien encabeza la investigación.

El allanamiento, realizado en las instalaciones del Ministerio que lidera Sandra Petovello, tuvo como objetivo recabar documentación y equipos informáticos que puedan contener información clave sobre la logística, el stock y las fechas de entrega de los productos que, hasta el momento, no han sido distribuidos. Según se informó, entre los elementos obtenidos se encuentran el respaldo de la computadora del Director de Logística, órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo, y partes diarios de los depósitos de Villa Martelli y el Centro Operativo Tucumán, ubicados en Tafí Viejo.

El material recabado es considerado crucial por la Justicia para determinar si hubo una gestión indebida de los recursos alimentarios destinados a familias vulnerables. Desde el Ministerio de Capital Humano, sin embargo, rechazan las acusaciones y defienden su gestión, alegando que han trabajado para corregir la falta de transparencia que, según ellos, caracterizaba a la administración anterior.

El origen de esta causa se remonta a una denuncia penal presentada por Juan Grabois contra la ministra Petovello, en la que la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad, debido al desabastecimiento alimentario en comedores comunitarios. Grabois sostiene que la actual administración ha dejado de abastecer una red asistencial clave para los sectores más vulnerables, mientras que el gobierno de Javier Milei argumenta que se están eliminando "comedores fantasma", lugares que recibían recursos sin cumplir con su función o que directamente no existían.

En respuesta a las acciones judiciales, el Ministerio de Capital Humano calificó el allanamiento como "sorpresivo e injustificado", subrayando que han cumplido con todos los requerimientos del juez Casanello. Asimismo, la cartera que dirige Petovello presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, cuestionando la interferencia del Poder Judicial en el diseño y ejecución de políticas públicas, competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.

La polémica en torno a la distribución de alimentos, que incluye más de mil toneladas de leche en polvo y 4 mil de harina de maíz, continúa escalando. Mientras la Justicia avanza en la investigación, las tensiones entre el gobierno y las organizaciones sociales se intensifican, en un contexto donde la transparencia y la correcta gestión de los recursos destinados a los más vulnerables están en el centro del debate.