El gremio de empleados bancarios, conocido como La Bancaria y liderado por el diputado nacional Sergio Palazzo, ha lanzado una acusación grave contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según la denuncia, la entidad financiera estaría realizando operaciones de extracción de lingotes de oro de las reservas nacionales sin ninguna resolución oficial que lo justifique.

La Bancaria presentó un pedido de informes formal, instando al BCRA, presidido por Santiago Bausili, a clarificar dos operaciones específicas identificadas como sospechosas por el sindicato. Estas operaciones, que se habrían llevado a cabo los días 7 y 28 de junio de 2024, supuestamente implican el traslado de lingotes de oro al exterior mediante la empresa transportadora Loomis y la aerolínea British Airways.

El gremio demanda detalles precisos sobre la cantidad de oro trasladado, el valor monetario de las operaciones, las características comerciales y el destino final de los lingotes. La sospecha de La Bancaria es que estas operaciones podrían involucrar un total aproximado de 450 millones de dólares.

Además, el sindicato exige información sobre en qué reunión del Directorio del BCRA se discutió este asunto, los funcionarios que participaron en la decisión y si el Ministerio de Economía estaba al tanto de estas maniobras.

Esta denuncia se produce pocas semanas después de que LPO revelara que Toto Caputo, en medio de la crisis cambiaria, estaría buscando un préstamo del Banco de Basilea, el cual suele requerir respaldo en oro para la concesión de fondos. Según fuentes del sector, el Banco Central cuenta con reservas de oro valoradas en aproximadamente 4.700 millones de dólares, de los cuales unos 500 millones ya se encontrarían en el Banco de Basilea. Ahora, se sospecha que se han trasladado otros 450 millones de dólares en oro para garantizar la obtención del préstamo.

El conflicto amenaza con escalar judicialmente si no se brinda una respuesta satisfactoria al pedido de informes de La Bancaria. Por el momento, el sindicato espera que el BCRA cumpla con el plazo legal para proporcionar la información solicitada, mientras el tema continúa generando tensiones en el ámbito financiero y político del país.