El conflicto, que inició tras la retirada del Ejecutivo de la mesa paritaria luego de ofrecer un aumento del 11% para abril, mayo y junio, con base en los sueldos de enero, ha paralizado aproximadamente el 80% del sistema judicial mendocino. Esta medida de fuerza ha revelado numerosas fallas estructurales dentro del sistema, incluidas las pésimas condiciones laborales de los auxiliares y el faltante de personal, como evidenció un informe oficial de la coordinación de procuración, además de la situación de todos lo judiciales que bono de sueldo en mano explicaron más de una vez que una parte del sector se encuentra por debajo de la línea de la indigencia otra parte por debajo de la línea de la pobreza y todos por debajo de la canasta básica. 
Además de exponer la precariedad laboral, el conflicto ha desnudado la disparidad salarial en el Poder Judicial. Mientras que los magistrados y ministros de la Corte perciben sueldos superiores a los 5 millones de pesos mensuales, un auxiliar judicial gana apenas 390 mil pesos, una cifra que no alcanza ni la mitad de la canasta básica publicada por el propio gobierno provincial.
Otro de los puntos que se puso en discusión es el actual sistema paritario de la provincia de Mendoza en el que todos los gremios dicen que no hay ámbito de discusión ni el espírtitu de una paritaria real visible ya que el gobierno impone números sin justicar esos cálculos, donde no hay mesas técnicas ni de discusión y que ha llevado al continuo cierre a la baja de los distíntos sectores.  
La Suprema Corte, en un intento por justificar su falta de intervención en la mejora salarial de sus empleados, derogó la acordada 19000 y solicitó la conciliación obligatoria. Durante esta reunión, se discutieron propuestas como la creación de un Convenio Colectivo de Trabajo para el sector, una nueva carrera judicial y posibles aumentos salariales. Sin embargo, las negociaciones se vieron frustradas en los días previos a la audiencia.

¿Que Pasó?

El punto de quiebre ocurrió minutos antes de la audiencia, cuando el representante de la Corte se rehusó a participar de la reunión en presencia de empleados judiciales y exigió una sesión a puertas cerradas. Esto se dió a que minutos antes el subsecretario de trabajo Rodrigo Herrera habilitara el uso del auditorio para que empleados judiciales y la prensa presente pudiesen presenciar el acto público como lo es una conciliación. Una vez sentados a la mesa los administradores del ministerio público fiscal y la defensa junto con el abogado de la subsecretaría de trabajo y los representantes gremiales fue el administrador y representante de la Corte Enzo Rizzo quien se negó a ser parte de la mesa en continuas oportunidades frustrando los distintos intentos del jefe de prensa y bocero de la corte Martín Ahumada por evitar el hecho.  
Tras largos minutos de idas y vueltas, el secretario general del gremio decidió enviar a su abogado y a la secretaria adjunta para conocer la propuesta que realizarían desde la suprema corte y el ejecutivo; una vez conocida la decisión fue rechazar formalmente la propuesta, solicitando el fracaso de la conciliación.

La oferta real

La oferta del Ejecutivo y la Corte consistía en modificar el ítem sectorial denominado "Estado Judicial", aumentando su valor de 38 mil a 65 mil pesos, cabe destacar que éste es un ítem que se actualiza una vez al año en base a la recaudación de la tasa de justicia, y que contrario a lo que el bocero de la corte dijo a los medios de comunicación no se trata de una suma de 65mil pesos sino una suma de 27mil pesos que sobre la base existente llega a 65mil además  atado a la presencialidad del empleado y que se cobraría recién en el mes de agosto. Éste aumento, percibido como insuficiente y condicionado, fue comparado con el controvertido "Ítem Aula" y rechazado por el gremio por considerar que no solo perjudica a los empleados en lo inmediato, sino también a largo plazo. Tampoco hay rastros en él acta de conciliación lo que Martín Ahumada dijo sobre los meses de abril, mayo y junio con base de cálculo a enero en 11% por cada mes. 
En cuanto al conflicto que se lleva adelante con el sector del ministerio público que percibe el "ítem CPP" desde el gremio de judiciales aseguran que claramente es a la baja por que la propuesta habla de eliminar el item cpp que percibe el sector para otrogar uno nuevo que representa el 33% y que es solo para los que presten servicio en oficinas fiscales. El problema en esta parte es que el Item lo perciben otras áreas que no necesariamente prestan funciones en oficinas fiscales y que su eliminación simplemente les haría perder dinero además que para los que prestan servicio en oficinas fiscales al perder el item CPP obviamente ese 33% ya no sería tal sino el equivalente a un 20% aproximadamente quedando muy lejos de las demandas del sector. 

La Reacción 

La reacción de los empleados judiciales no se hizo esperar. Al conocerse los términos de la oferta y el fracaso de la conciliación, numerosos trabajadores se congregaron minutos después de la noticia de manera espontanea en el cuarto piso del palacio de justicia frente a las oficinas de los ministros de la Corte para manifestar su descontento. El gremio por su parte anunció una gran asamblea provincial para definir los próximos pasos en un conflicto que no muestra señales de resolución y que sigue evidenciando la debilidad del ámbito paritario en Mendoza, donde los empleados de toda la administración pública mendocina figuran entre los peores pagos del país en los distintos rankigs nacionales.
La situación continúa tensa y los judiciales mantienen firme su postura, demandando condiciones laborales justas y una mejora salarial acorde a la inflación y al costo de vida en la provincia. La incertidumbre sobre el futuro del sistema judicial en Mendoza persiste, en medio de un conflicto que ha sacado a la luz las profundas desigualdades y deficiencias estructurales del sector.