El Gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario político complejo al intentar aprobar la ley Bases en el Senado, tras haber obtenido una media sanción en la Cámara de Diputados. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confía en replicar el éxito conseguido en comisión, pero el entorno presidencial se muestra más cauto. En tanto, la oposición nucleada en Unión por la Patria (UP) apuesta a una masiva movilización para presionar a los senadores indecisos.

El Senado se reunirá este miércoles a las 10 de la mañana, bajo la convocatoria de la vicepresidenta Victoria Villarruel, para debatir la ley Bases y su correspondiente capítulo fiscal. La sesión se anticipa con tensiones elevadas y un clima de paridad en el que cada voto indeciso puede ser decisivo. La movilización popular organizada por el peronismo y las centrales obreras busca influir en el resultado, rememorando recientes protestas significativas como la marcha por el financiamiento universitario y el día del trabajador.

Desde Unión por la Patria, los 33 senadores en contra del proyecto se han mantenido firmes, aunque se necesitan cuatro votos adicionales para asegurar el rechazo. El Gobierno, por su parte, ha cedido en varios puntos clave para atraer apoyos, como elevar el piso del impuesto a las Ganancias en la Patagonia. No obstante, la negociación ha sido ardua, con Francos interviniendo personalmente para convencer a los senadores, incluso en disidencia. Ejemplos de estas conversaciones incluyen promesas de cargos y ajustes específicos a demandas regionales.

El respaldo de gobernadores opositores, como el neuquino Rolando Figueroa, ha sido crucial. La transferencia de obras públicas nacionales a jurisdicciones provinciales, con posibles financiamientos, ha sido una moneda de negociación. Sin embargo, las declaraciones públicas, como las del tucumano Osvaldo Jaldo, han generado confusión sobre los términos exactos de estos acuerdos.

La estrategia de Unión por la Patria incluye analizar un proyecto alternativo propuesto por el senador radical Martín Lousteau, que presenta diferencias sustanciales con la propuesta oficial, como mayores requisitos para el blanqueo y la exclusión de ciertas empresas estatales de la privatización.

La resolución de esta batalla legislativa podría marcar un hito en la política argentina actual, con implicancias tanto para el Gobierno de Milei como para el futuro inmediato de las políticas públicas en el país. La votación en el Senado no solo decidirá el destino de la ley Bases sino también mostrará la capacidad del Gobierno para negociar en un Congreso fragmentado y bajo una intensa presión social.