Los judiciales de Mendoza han decidido endurecer su postura en medio del conflicto salarial con el Gobierno provincial, anunciando la extensión del paro hasta el 17 de mayo. Esta medida, tomada durante una asamblea provincial, refleja la creciente tensión y la falta de entendimiento entre ambas partes.

El reclamo central de los empleados del sector judicial gira en torno a mejoras salariales y condiciones laborales más equitativas, especialmente en comparación con los magistrados. La falta de avances en las negociaciones ha llevado a un estancamiento preocupante, exacerbado por el incumplimiento de acuerdos paritarios previos.

El sector judicial de Mendoza describe su reclamo como una respuesta a una crisis institucional profunda que persiste desde el inicio del año. Esta crisis se manifiesta en la falta de diálogo efectivo para abordar las demandas salariales y las condiciones laborales. El incumplimiento de acuerdos paritarios, como la recomposición para el sector de oficinas fiscales, ha llevado a medidas extremas, como el cierre de oficinas fiscales, evidenciando la inviabilidad del sistema en la provincia. Además, la ausencia de la corte en la mesa paritaria de condiciones de trabajo, pactada en febrero, y la falta de negociación durante la paritaria de abril, refuerzan la percepción de falta de compromiso por parte del Gobierno. Estos elementos han llevado a los judiciales a intensificar sus medidas de fuerza, extendiendo el paro hasta el 17 de mayo.

El Colegio de Abogados también ha intervenido, solicitando a la Suprema Corte que declare inhabilitado el paro durante ciertos días, destacando la importancia de mantener los servicios mínimos en el Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia.

Una de las preocupaciones adicionales es la centralización de las oficinas fiscales por parte de la procuración provincial, lo que ha dejado a varias zonas sin servicio de justicia y a departamentos enteros sin acceso a recursos judiciales cercanos.

En este contexto, el diálogo y la búsqueda de soluciones se vuelven imperativos para resolver esta crisis institucional que afecta tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que dependen del sistema judicial en Mendoza.