Los trabajadores judiciales de la Provincia de Mendoza han tomado una decisión contundente ante la falta de avances y respuestas satisfactorias a sus demandas. En una asamblea general el pasado martes 23 de abril, se ratificaron las preocupaciones respecto a la ausencia de representantes de la Corte en la mesa paritaria, el incumplimiento de compromisos sobre la modificación del Item CPP y una oferta considerada insatisfactoria por la comisión directiva. Luego marcharon en multitud a la asamblea intersindical para menifestarse en la explanada de casa de gobierno junto a AMProS, Upcn y otros gremios estatales.

Como respuesta, el día 25 de abril se votaron las medidas a seguir, declarando un estado de huelga que incluirá asambleas en los principales edificios del poder judicial el día lunes 29 de abril y un paro total de actividades el día martes 30 de abril. Además, los auxiliares de las oficinas fiscales de la provincia también se suman al paro desde el día domingo 28 de abril hasta el lunes 6 de mayo en reclamo por las condiciones salariales, laborales y la deuda por la cual si item partircular de actividad aún no ha sido reconstituido; cabe destacar que este sector viene dando una dura pelea desde inicio de Marzo con paros los fines de semana y hace unos días fracasó la conciliación obligatoria dictada por la subsecretaria de trabajo "lejos de solucionar el problema el gobierno de Mendoza aseguró tener el dinero para recomponer el Código procesal penal (CPP) pero intentó ponerlo en un nuevo ítem, no podemos ensuciar más nuestro bono de sueldo la deuda es sobre el CPP artimañas para profundizar nuestra crisis no las vamos a permitir" aseguraron.

Los trabajadores, bajo el amparo de la Ley 9423, art. 3 inc. 13, exigen una mesa paritaria real, transparente y sin condicionamientos, para encarar un plan de recomposición salarial verdadero y el cumplimiento de compromisos adquiridos, especialmente en lo referente a la modificación del ítem CPP. La lucha se enfoca en conseguir ámbitos que permitan negociaciones efectivas para lograr un recupero salarial progresivo y justo para todos los empleados del poder judicial de la provincia.