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PROVINCIALES
8 de febrero de 2024
Retomaron en Mendoza el juicio oral contra el suspendido juez federal Walter Bento
Las audiencias continuaron con la declaración del excomisario Gabriel Moschetti, imputado como líder de una asociación ilícita liderada por el magistrado mendocino, quien se encuentra suspendido en el cargo y quien en la jornada de este miércoles denunció amenazas a su seguridad.
El juez federal de Mendoza Walter Bento, suspendido desde mayo de 2022, es juzgado por recibir coimas en dólares.
Con la declaración del excomisario Gabriel Moschetti, imputado como miembro de la asociación ilícita en la causa, continuó este miércoles el juicio oral contra el suspendido juez federal de Mendoza, Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de favores en las causas que instruía.
Moschetti, quien retomó este miércoles su declaración iniciada en diciembre pasado antes de la feria judicial, era jefe de Narcocriminalidad del Valle de Uco y se encuentra imputado como miembro de la asociación ilícita por ser considerado presuntamente como la pata de la organización delictiva dentro de la fuerza.
El excomisario admitió tener contactos con el despachante de aduanas asesinado Diego Aliaga, la supuesta mano derecha de Bento para gestionar las coimas; y el narcotraficante Walter Bardinella Donosso, a quien dijo conocer "en calidad de informantes" para enviarles el contenido a sus superiores.
La hipótesis de los fiscales es que el suspendido juez cobraba coimas, la mayoría en dólares, a cambio de beneficios judiciales que enriquecieron a toda su familia (esposa y dos hijos también procesados y con cargos suspendidos y cesanteados en la Justicia provincial) con lujosas casas, autos e innumerables viajes al exterior.
Moschetti, continuó con su declaración y respondió preguntas de la fiscalía. En tanto, la defensa del removido magistrado realizó un pedido a las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, integrantes del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza, para que Bento no quede alojado en el Centro de Detención Judicial de Mendoza los días de audiencia.
Felipe Salvarezza, uno de los abogados de Bento, aseguró que el exjuez "teme por su seguridad" en el Centro de Detención Judicial de Mendoza, más conocido como la Unidad 32 (U 32), ubicado en el edificio de los Tribunales Federales y solicitó que tras las audiencias, sea trasladado a su celda en cárcel federal de Cacheuta.
Miembros del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza comenzaron el año pasado el proceso oral y público en el que son juzgadas unas treinta personas, entre las que se encuentran la esposa Marta Isabel Boiza y dos hijos del magistrado, acusados también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, según consignaron fuentes de la Procuración General de la Nación.
El proceso de destitución comenzó en mayo de 2021, cuando el juez federal Puigdéngolas y el fiscal Vega imputaron a Bento, quien se desempeñaba como titular del Juzgado Federal 1, como jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis episodios de cohecho pasivo.
Con la declaración del excomisario Gabriel Moschetti, imputado como miembro de la asociación ilícita en la causa, continuó este miércoles el juicio oral contra el suspendido juez federal de Mendoza, Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de favores en las causas que instruía.
Moschetti, quien retomó este miércoles su declaración iniciada en diciembre pasado antes de la feria judicial, era jefe de Narcocriminalidad del Valle de Uco y se encuentra imputado como miembro de la asociación ilícita por ser considerado presuntamente como la pata de la organización delictiva dentro de la fuerza.
El excomisario admitió tener contactos con el despachante de aduanas asesinado Diego Aliaga, la supuesta mano derecha de Bento para gestionar las coimas; y el narcotraficante Walter Bardinella Donosso, a quien dijo conocer "en calidad de informantes" para enviarles el contenido a sus superiores.
La hipótesis de los fiscales es que el suspendido juez cobraba coimas, la mayoría en dólares, a cambio de beneficios judiciales que enriquecieron a toda su familia (esposa y dos hijos también procesados y con cargos suspendidos y cesanteados en la Justicia provincial) con lujosas casas, autos e innumerables viajes al exterior.
Moschetti, continuó con su declaración y respondió preguntas de la fiscalía. En tanto, la defensa del removido magistrado realizó un pedido a las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá, integrantes del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza, para que Bento no quede alojado en el Centro de Detención Judicial de Mendoza los días de audiencia.
Felipe Salvarezza, uno de los abogados de Bento, aseguró que el exjuez "teme por su seguridad" en el Centro de Detención Judicial de Mendoza, más conocido como la Unidad 32 (U 32), ubicado en el edificio de los Tribunales Federales y solicitó que tras las audiencias, sea trasladado a su celda en cárcel federal de Cacheuta.
Miembros del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza comenzaron el año pasado el proceso oral y público en el que son juzgadas unas treinta personas, entre las que se encuentran la esposa Marta Isabel Boiza y dos hijos del magistrado, acusados también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, según consignaron fuentes de la Procuración General de la Nación.
"Moschetti, quien retomó este miércoles su declaración iniciada en diciembre pasado antes de la feria judicial, era jefe de Narcocriminalidad del Valle de Uco y se encuentra imputado como miembro de la asociación ilícita por ser considerado presuntamente como la pata de la organización delictiva dentro de la fuerza"Bento fue suspendido por el Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de mayo, cuando se decidió someterlo a un proceso de destitución por presunto "mal desempeño" y ya fue reemplazado.

El proceso de destitución comenzó en mayo de 2021, cuando el juez federal Puigdéngolas y el fiscal Vega imputaron a Bento, quien se desempeñaba como titular del Juzgado Federal 1, como jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis episodios de cohecho pasivo.
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