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MUNDO
9 de julio de 2023
El Gobierno y el agro en la mira por "la peor" crisis hídrica en Uruguay
Especialistas coincidieron en que, además del cambio climático, el negocio agrícola encabeza la lista de responsabilidades y apuntaron contra la ganadería en particular, que consume 20 veces más agua que toda la población. "El problema es la concepción extractivista", advirtieron.
Científicos y ambientalistas de Uruguay aseguraron que la crisis hídrica que enfrenta Montevideo y el área metropolitana no es sólo consecuencia de la sequía producida por el cambio climático sino también por el uso excesivo de agua de las actividades agroindustriales, con más de 400 desvíos de arroyos y ríos, y recordaron que el acceso al agua potable "es un derecho básico" en el país desde 2004.
"Estamos en una crisis gravísima, la peor de Uruguay en su historia. Se combina la escasez de agua con la mala calidad ya que por la sequía se ha empezado a tomar agua del Río de La Plata que es salobre", dijo a Télam Mariana Meerhoff, investigadora del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad de la República.
Meerhoff aseguró que "esta crisis no se vio venir con esta magnitud" y remarcó que el país venía experimentando "mayor sensibilidad a los factores externos" producidos por el cambio climático.
"Las olas de calor fueron muy intensas y hubo una caída histórica de las precipitaciones, pero no tuvimos políticas para proteger el funcionamiento de las cuencas y limitar otros usos del agua", aseguró la científica.
En las canillas de Montevideo el agua que sale contiene un alto contenido de cloruro y sodio, por lo que la gente que puede compra bidones en los supermercados pero quienes no pueden afrontar ese costo deben seguir consumiendo esa agua, exponiéndose a peligros en la salud.
"No puede resolverse esta crisis según el poder adquisitivo de las personas", criticó Meerhoff.
Carmen Sosa, que integró la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida que en 2004 logró la modificación de la Constitución para colocar al agua potable como un derecho básico, afirmó a Télam que la crisis hídrica en Uruguay "es alarmante y mostró las decisiones erróneas de las gestiones".
"No tiene nada de sorpresivo, es un proceso de más de 20 años en que nuestros recursos hídricos vienen siendo saqueados por el agronegocio y las multinacionales. Desde 2004, el agua para consumo humano tiene prioridad sobre otros usos pero esto nunca se dio", aseveró la activista.
Sosa explicó que "la industria del arroz consume 4 veces más agua que la población, la celulosa 10 veces más, la soja 17 veces más y la ganadería 20 veces más".
"Todos los emprendimientos toman agua de los ríos. La gestión de los recursos hídricos fueron decisiones políticas, no es una cuestión ambiental. Nadie pensó en la gente, era obvio que nos íbamos a quedar sin agua", opinó.
El pasado sábado, organizaciones sociales, ambientalistas y vecinos autoconvocados de Uruguay protestaron frente a la planta de la principal empresa embotelladora del país, en la ciudad de Minas, a 120 kilómetros de Montevideo.
Elena Ferreira, activista social que apoyó la manifestación, indicó a Télam que el problema del agua en el país "mostró que hay una crisis económica, sanitaria y ambiental" y sostuvo que "era predecible por el modelo económico".
Ferreira comentó que en Uruguay hay al menos 486 embalses privados de distintos tamaños que desvían agua de ríos y arroyos para usos agropecuarios.
"Las cuencas de los arroyos fueron copados por el modelo agroindustrial. Los desvíos son para la producción cárnica, las arroceras y las frigoríficas", denunció.
Ferreira aseguró que "la solución a corto plazo no existe porque el problema es la concepción extractivista", y alertó que la falta de agua puede poner en peligro la producción de alimentos en el país.
La activista social también criticó la medida oficial del gobierno de Luis Lacalle Pou de reducir impuestos a las empresas embotelladoras de agua para que baje el precio en los supermercados.
"Fue publicidad engañosa, el Estado se hace cargo pero al bajar impuestos no modificó las ganancias de las empresas", aclaró.
Por último, las activistas sostuvieron que el cambio climático puede producir más crisis como esta, por lo que "hay que defender el agua para las personas".
"Esta sequía se manifiesta por el cambio climático pero es una excusa, se dice eso como si fuera algo que no controlamos. Si controlamos la deforestación o la extracción de agua de las cuencas", afirmó Ferreira.
"Nosotros no tenemos agua para tomar pero las industrias siguen teniendo agua, todos los acuíferos del Uruguay están tomados por las 7 pasteras", criticó Sosa y aseguró que "las decisiones políticas que se tomaron son contrarias a lo que se estableció en 2004".
"Las cuencas hay que gestionarlas bien, va a requerir decisiones políticas y fuertes inversiones. No debemos quedarnos sólo en la crisis de hoy porque el problema llegó para quedarse", concluyó Meerhoff.
"Estamos en una crisis gravísima, la peor de Uruguay en su historia. Se combina la escasez de agua con la mala calidad ya que por la sequía se ha empezado a tomar agua del Río de La Plata que es salobre", dijo a Télam Mariana Meerhoff, investigadora del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad de la República.
Meerhoff aseguró que "esta crisis no se vio venir con esta magnitud" y remarcó que el país venía experimentando "mayor sensibilidad a los factores externos" producidos por el cambio climático.
"No tiene nada de sorpresivo, es un proceso de más de 20 años en que nuestros recursos hídricos vienen siendo saqueados por el agronegocio y las multinacionales"
"Las olas de calor fueron muy intensas y hubo una caída histórica de las precipitaciones, pero no tuvimos políticas para proteger el funcionamiento de las cuencas y limitar otros usos del agua", aseguró la científica.
En las canillas de Montevideo el agua que sale contiene un alto contenido de cloruro y sodio, por lo que la gente que puede compra bidones en los supermercados pero quienes no pueden afrontar ese costo deben seguir consumiendo esa agua, exponiéndose a peligros en la salud.
"No puede resolverse esta crisis según el poder adquisitivo de las personas", criticó Meerhoff.
Carmen Sosa, que integró la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida que en 2004 logró la modificación de la Constitución para colocar al agua potable como un derecho básico, afirmó a Télam que la crisis hídrica en Uruguay "es alarmante y mostró las decisiones erróneas de las gestiones".
"No tiene nada de sorpresivo, es un proceso de más de 20 años en que nuestros recursos hídricos vienen siendo saqueados por el agronegocio y las multinacionales. Desde 2004, el agua para consumo humano tiene prioridad sobre otros usos pero esto nunca se dio", aseveró la activista.
Sosa explicó que "la industria del arroz consume 4 veces más agua que la población, la celulosa 10 veces más, la soja 17 veces más y la ganadería 20 veces más".
"Todos los emprendimientos toman agua de los ríos. La gestión de los recursos hídricos fueron decisiones políticas, no es una cuestión ambiental. Nadie pensó en la gente, era obvio que nos íbamos a quedar sin agua", opinó.
El pasado sábado, organizaciones sociales, ambientalistas y vecinos autoconvocados de Uruguay protestaron frente a la planta de la principal empresa embotelladora del país, en la ciudad de Minas, a 120 kilómetros de Montevideo.
"Esta sequía se manifiesta por el cambio climático pero es una excusa, se dice eso como si fuera algo que no controlamos. Si controlamos la deforestación o la extracción de agua de las cuencas"
Elena Ferreira, activista social que apoyó la manifestación, indicó a Télam que el problema del agua en el país "mostró que hay una crisis económica, sanitaria y ambiental" y sostuvo que "era predecible por el modelo económico".
Ferreira comentó que en Uruguay hay al menos 486 embalses privados de distintos tamaños que desvían agua de ríos y arroyos para usos agropecuarios.
"Las cuencas de los arroyos fueron copados por el modelo agroindustrial. Los desvíos son para la producción cárnica, las arroceras y las frigoríficas", denunció.
Ferreira aseguró que "la solución a corto plazo no existe porque el problema es la concepción extractivista", y alertó que la falta de agua puede poner en peligro la producción de alimentos en el país.
La activista social también criticó la medida oficial del gobierno de Luis Lacalle Pou de reducir impuestos a las empresas embotelladoras de agua para que baje el precio en los supermercados.
"Fue publicidad engañosa, el Estado se hace cargo pero al bajar impuestos no modificó las ganancias de las empresas", aclaró.
Por último, las activistas sostuvieron que el cambio climático puede producir más crisis como esta, por lo que "hay que defender el agua para las personas".
"Esta sequía se manifiesta por el cambio climático pero es una excusa, se dice eso como si fuera algo que no controlamos. Si controlamos la deforestación o la extracción de agua de las cuencas", afirmó Ferreira.
"Nosotros no tenemos agua para tomar pero las industrias siguen teniendo agua, todos los acuíferos del Uruguay están tomados por las 7 pasteras", criticó Sosa y aseguró que "las decisiones políticas que se tomaron son contrarias a lo que se estableció en 2004".
"Las cuencas hay que gestionarlas bien, va a requerir decisiones políticas y fuertes inversiones. No debemos quedarnos sólo en la crisis de hoy porque el problema llegó para quedarse", concluyó Meerhoff.
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