El arribo de una aeronave del Departamento de Defensa con una delegación de congresistas estadounidenses profundiza la incertidumbre en Tierra del Fuego, en medio de un conflicto abierto entre Nación y la provincia por el control logístico antártico.

Con el respaldo de Patricia Bullrich en el Senado y Martín Menem en Diputados, el oficialismo ratifica que la reforma del Código Penal será el eje de la agenda legislativa de este año para terminar con la "impunidad de los menores".

Una investigación reveló que el gobernador mantiene congelados más de $540 millones de la Ley de Bosques y USD 600 mil de organismos internacionales destinados a la prevención de incendios. Mientras tanto, las víctimas de Epuyén denuncian haber recibido solo "migajas" de los aportes nacionales.

El Gobierno Nacional tomó el control de la terminal de Ushuaia alegando desvíos millonarios y riesgo de colapso. Sin embargo, la provincia denuncia una "puesta en escena" para desplazar la soberanía local y entregar el control logístico de la Antártida a los Estados Unidos.

Mientras el Gobierno celebra el equilibrio fiscal, las universidades nacionales denuncian que el presupuesto sancionado las deja sin fondos para sueldos y funcionamiento básico desde el primer trimestre. Los gremios ya advierten por el "no inicio" de clases.

En una movida histórica, el Consejo Provincial del Partido Justicialista decidió desplazar de sus estructuras a los sectores vinculados al kirchnerismo duro. Acusan "sectarismo" y "derrotas consecutivas" como los principales motivos de la ruptura definitiva.

Las estimaciones privadas advierten caídas de hasta el 30% en algunas zonas de Mendoza. Mientras la cosecha de variedades blancas comienza, los productores del Este denuncian falta de rentabilidad y exigen transparencia en los stocks vínicos.

El Gobierno nacional avanza en la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, un organismo con facultades ampliadas que busca emular el modelo estadounidense de control y deportación, mientras que en EE. UU. dicho sistema enfrenta una crisis de legitimidad sin precedentes.

A través del Decreto 549/2025, el Ejecutivo impone una nueva tabla de evaluación de incapacidades que excluye patologías comunes y reduce topes de pago, beneficiando directamente la rentabilidad de las ART.

Los beneficiarios del fallo de US$ 16.100 millones acusan al Gobierno de obstrucción y solicitan una declaración jurada inmediata sobre la ubicación y movimientos de las reservas enviadas al exterior.