Tras presentar con demora una declaración jurada rectificada en la que incorporó más de medio millón de dólares que antes no figuraban, Manuel Adorni quedó nuevamente bajo la lupa judicial. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó con carácter urgente toda la documentación patrimonial y busca determinar si las explicaciones ofrecidas por el funcionario logran respaldar el origen de los fondos declarados.

Mientras continúan los desbordes en Los Corralitos, salió a la luz un nuevo campo de vuelco cloacal vinculado al colector Paramillos. Irrigación intimó a Aysam, la Justicia avanza sobre directivos de la empresa y crecen las críticas por obras demoradas y promesas incumplidas.

Adorni, Sturzenegger y otros integrantes del Gobierno quedaron bajo la lupa tras adherir al régimen simplificado de Ganancias creado por la llamada “Ley de Inocencia Fiscal”. La discusión ya no es sólo tributaria: crece el debate ético sobre funcionarios que utilizan una herramienta diseñada por la propia administración de la que forman parte.

El jefe de Gabinete aseguró que una parte central de su crecimiento patrimonial proviene de inversiones tempranas en Bitcoin, ahorros no declarados y altos ingresos privados de su esposa. Las explicaciones llegaron después de adherir al régimen de “Inocencia Fiscal” impulsado por el propio Gobierno y en medio de una investigación sobre su evolución patrimonial.

Tras conocerse que su esposa Bettina Angeletti había adherido al sistema de regularización tributaria, ahora se confirmó que el propio jefe de Gabinete solicitó ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal. La decisión vuelve a poner bajo la lupa la situación patrimonial del entorno más cercano al presidente Javier Milei.

La adhesión de Bettina Angeletti al sistema de regularización tributaria impulsado por el Gobierno se produjo pocos días antes de que Manuel Adorni deba presentar su declaración jurada patrimonial. La decisión generó cuestionamientos políticos y volvió a poner el foco sobre la evolución patrimonial del entorno familiar de uno de los funcionarios más influyentes de la gestión libertaria.

El oficialismo nacional debió postergar el avance de la ley que recorta los beneficios tarifarios para millones de usuarios. En Mendoza, donde más de 400 mil hogares reciben descuentos por Zona Fría, el costo político del ajuste encendió alarmas incluso entre aliados de la Casa Rosada.

La pelea por el pliego de una jueza expuso una fractura que venía creciendo desde hace meses. Diferencias por Manuel Adorni, choques con Karina Milei, tensiones en el Senado y un liderazgo cada vez más discutido dentro de La Libertad Avanza alimentan una interna que ya impacta en la gobernabilidad.

Estados contables correspondientes a 2023 muestran que el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas cerró con superávit, aumento patrimonial y mejora de liquidez antes del cambio de gobierno. Mientras tanto, la obra social atraviesa una de las crisis más profundas de su historia, con deudas, prestaciones interrumpidas y denuncias judiciales que apuntan a responsabilidades de la gestión actual.

Mientras una familia mendocina necesita más de $1,36 millones mensuales para no caer bajo la línea de pobreza, miles de trabajadores estatales y privados continúan negociando salarios que, según gremios y especialistas, no logran recuperar el terreno perdido frente al costo de vida.