Bajo el polémico concepto de “autopuesta en peligro”, el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un protocolo que condiciona el movimiento de los trabajadores de prensa durante las marchas contra la reforma laboral. La medida, firmada por la gestión de Alejandra Monteoliva, establece perímetros rígidos y advierte que, de no cumplirse, el Estado no se hará responsable por la integridad física de los cronistas ante el avance de las fuerzas federales.

El país retrocedió cinco lugares en el último informe de Transparencia Internacional y quedó relegado al puesto 104 a nivel global. Con una gestión que prometió "barrer la casta", la Argentina de Milei ahora comparte posición con Ucrania y Belice, mientras los organismos de control denuncian un "interés nulo" del Ejecutivo por las políticas de integridad.

La central obrera activó un paro sin movilización para el jueves 19, pero la negativa de la cúpula a marchar al Congreso desató una ola de reproches internos. Mientras Azopardo apuesta a la parálisis del transporte, el Frente de Sindicatos Unidos, las dos CTA y movimientos sociales confirmaron que ganarán la calle para resistir una reforma que consideran un "retroceso de un siglo" en materia de indemnizaciones, licencias y derecho a huelga.

Mientras Argentina debate reformas internas y Occidente se obsesiona con Trump, Beijing lanza su plan quinquenal más ambicioso: autosuficiencia tecnológica, dominio del Sur Global y una advertencia militar a Estados Unidos. La batalla por el futuro ya empezó, y sus consecuencias tocarán cada rincón de Mendoza.

La reforma laboral que debate Diputados incluye un recorte drástico en el pago de licencias médicas. La central obrera denunció que "enfermarse será un lujo que el laburante no podrá pagar" y convocó a un cese total de actividades para este jueves.

La intención del gobierno de Milei de dar caída a la Ley 12.908 no es solo un cambio administrativo; es el desmantelamiento de la barrera que separa la información profesional del interés corporativo y el control político.

El Ministerio de Hacienda busca atar los aumentos salariales de 2026 a la recaudación tributaria, en un contexto donde Mendoza registra los sueldos más bajos de la región y un estancamiento real de sus ingresos tras una década compleja.

La central obrera paralizará el país este jueves en rechazo a la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo que busca reducir a la mitad el salario por enfermedad o accidente. El peronismo logró unidad de bloque para frenar la iniciativa en Diputados.

La obra, con un presupuesto oficial de $27.150 millones, completará la conexión entre Rivadavia, Junín y San Martín con la Ruta Nacional 7.

El Palacio San Martín destinará más de $114 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). Aunque el Gobierno activó protocolos de transparencia ante el lazo matrimonial con el Ministro de Desregulación, la exclusividad del contrato bajo "adjudicación simple" abre un debate sobre la competencia y la ética en la función pública.

Una investigación profunda reveló cómo el Presidente participó de manera activa en una trama de criptoactivos, información privilegiada y maniobras de la "casta" para ocultar la verdad.

El Presidente canceló su visita a la provincia prevista para el 18 de febrero, a pocos días de las elecciones departamentales, para asistir al "Consejo de la Paz" en Washington.

Legisladores de la oposición acusan al Ministro de Economía de frenar la actualización del IPC para "dibujar" la inflación y de filtrar números oficiales antes de tiempo. La presentación judicial recayó en los tribunales de Comodoro Py.

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, manifestó su profunda preocupación y malestar ante la posibilidad de que el departamento sea excluido de las próximas licitaciones para la reparación integral de la Ruta Nacional 7, una arteria vital que presenta un estado de deterioro crítico.

Tras el inicio del segundo mes del año, los mendocinos enfrentan una nueva actualización en los costos de servicios públicos, transporte y salud. Aunque algunos incrementos se rigen por índices nacionales, el impacto regional tiene matices propios en el transporte y el agua.

En una sesión maratónica y cargada de tensión, la Cámara de Baja aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca reemplazar la normativa vigente desde 1980 y ahora será girado al Senado.