Una muerte que no debería haber llegado

El lunes pasado, en una vivienda de la calle Berutti, en el departamento de San Martín, un joven auxiliar de la Policía de Mendoza de 27 años fue hallado sin vida. Trabajaba en el Palacio de Justicia. Tenía su vida por delante. Y, sin embargo, el sistema que debía cuidarlo llegó tarde.

Lo más perturbador no es solo la muerte en sí —una tragedia que sacude a toda la familia policial de la Zona Este— sino lo que la antecede: apenas 37 días antes, el 11 de abril, el propio joven había manifestado intenciones de autolesionarse. Su madre llamó desesperada al 911. Las autoridades judiciales actuaron: le retiraron su arma reglamentaria y su chaleco balístico en carácter preventivo, y ordenaron la intervención urgente de las áreas de Investigaciones y Salud Mental.
Treinta y siete días. Un protocolo activado. Y aún así, el desenlace fue irreversible.
Este caso no es una excepción. Es el espejo de una crisis que Mendoza viene sufriendo en silencio —y que ya no puede seguir siéndolo.

Mendoza: los números que incomodan

Cuando en noviembre de 2025 la Asociación de Esposas y Familiares de Policías de Mendoza marchó hasta la explanada de la Casa de Gobierno con pancartas y consignas, lo hacía con una lista de nombres propios en la mano. Desde el auxiliar Lucio Martínez, en diciembre de 2024, pasando por el oficial David Olivares y la subayudante Carla González, hasta llegar a Evelyn Funes en noviembre de ese año, seis vidas se habían perdido en doce meses.
La diferencia entre lo que dice el Estado y lo que denuncia la familia policial es abismal. Mientras el Ministerio de Seguridad reconoció cinco casos en lo que iba de 2025 y uno en 2024, la Asociación de Esposas y Familiares de Policías de Mendoza aseguró que son 15 los efectivos —entre policías y penitenciarios— que se quitaron la vida en los últimos dos años.
El 60% de esos casos fueron protagonizados por menores de 35 años. De los nueve que reconoció oficialmente el Ministerio hasta noviembre de 2025, siete eran policías y dos guardiacárceles.
El caso del joven auxiliar hallado este lunes en San Martín agrega un nombre más a esa lista. Pero también agrega algo más grave: la certeza de que el protocolo de intervención temprana, cuando existe, no alcanza.
En cuanto al contexto general, la provincia no escapa a la tendencia nacional. Mendoza se ubica por encima de la media nacional con una tasa de 12,5 suicidios cada cien mil habitantes, según el informe nacional, con un total de 239 casos en 2024. Según el Boletín Epidemiológico provincial, durante 2025, hasta la Semana Epidemiológica 26, se notificaron 698 eventos definidos como intento de suicidio en la provincia.
 

El país que pierde a sus policías

El suicidio policial no es un fenómeno provincial ni nuevo. Es una crisis nacional que lleva años instalada debajo de la alfombra institucional.
El sociólogo Santiago Galar, investigador del CONICET y la UNLP, y ex director nacional de Bienestar Policial, publicó en 2024 el estudio más completo sobre el tema: “El suicidio policial en Argentina: aportes para la comprensión del fenómeno en clave sociológica (2016-2023)”. Sus conclusiones son contundentes. La tasa de suicidios de los miembros de las fuerzas de seguridad federales fue de 0,18 cada 1.000 efectivos, exactamente el doble que en la población general de la misma franja etaria —entre 20 y 60 años—, que registraba 0,09 cada 1.000 habitantes.
Esos datos corresponden a 2018. Desde entonces, el cuadro general no ha mejorado: con 4.249 muertes registradas en 2024, el suicidio ya es la principal causa de muerte violenta en el país, superando a las muertes por siniestros viales y a los homicidios. Las cifras subieron un 30% en la última década.
En 2023 se registraron 4.195 suicidios, un 6% más que el año anterior. Desde 2014, cuando se contabilizaron 3.296 casos, la curva no ha dejado de ascender.
Estadísticamente, en Argentina muere una persona por suicidio cada dos horas y cuatro minutos.
En lo que respecta específicamente a las fuerzas, el dato preciso de estos hechos dentro de las fuerzas suele estar guardado bajo siete llaves, una lógica que mezcla el no querer alentar estas situaciones con la intención de evitar quedar en el ojo público y político.
Galar identifica tres dimensiones que explican el fenómeno policial a nivel nacional: factores estructurales propios del oficio —exposición constante a violencia, portación permanente del arma, traslados, jornadas extenuantes, tensiones familiares y barreras simbólicas para pedir ayuda—; circunstancias precipitantes como crisis de pareja, violencia intrafamiliar, endeudamiento o enfermedad; y, de fondo, una enorme crisis salarial que atraviesan las fuerzas y que empuja a los efectivos a realizar horas extras extenuantes mientras los tratamientos de salud mental privados resultan inalcanzables para la mayoría.
 

La trampa del sistema: pedir ayuda cuesta dinero

El caso del joven auxiliar de San Martín pone en evidencia uno de los nudos más perversos de la institucionalidad policial mendocina: el protocolo existe, pero sus consecuencias desincentivan a los efectivos a buscar ayuda antes de llegar a una crisis.
Cuando un policía o penitenciario tiene alguna situación de salud mental e informa a su superior, lo primero que hacen es quitarle el arma. Con eso, pierde cerca del 40% de su sueldo. Además, se les deriva a diez sesiones de psicólogos que tienen que pagar de su propio bolsillo. Pierden plata y encima deben pagarse el tratamiento”, explicó Laura Cortez, titular de la Asociación de Esposas y Familiares de Policías de Mendoza.
No tener el arma reglamentaria implica un descuento del 20 al 30 por ciento del sueldo. Ese porcentaje es aún mayor si se considera que sin arma también se pierde la posibilidad de realizar servicios extraordinarios.
Los descuentos salariales aumentan proporcionalmente según la cantidad de días de licencia: de 7 a 27 días representan un quince por ciento del sueldo; cuantos más días, más se descuenta.
El resultado es brutal: el policía que pide ayuda pierde dinero que no puede perder. Y el que no la pide, acumula una carga que puede volverse fatal.
Cortez aseguró que son constantes los llamados de uniformados que buscan contención porque “analizan quitarse la vida” y que, según sus registros, cerca del 40% de los efectivos tiene algún problema psicológico.
 

La respuesta oficial: entre la burocracia y la negación

Ante la acumulación de casos y la presión de la familia policial, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, rompió el silencio en diciembre de 2025. Sus declaraciones generaron más indignación que alivio. Consultada por la ola de suicidios, la funcionaria optó por tomar distancia de los hechos: “Es un tema sensible y no me corresponde a mí hablar sobre el suicidio de ninguna persona porque es una cuestión personalísima”, sostuvo.
Los números oficiales, sin embargo, cuentan otra historia. Un informe elaborado a partir de un pedido de acceso a la información reveló que, durante 2025, ya se habían otorgado 4.094 licencias por salud mental y que al menos 277 efectivos se encontraban bajo tratamiento psicológico y/o psiquiátrico. De ese universo, 196 policías recibían atención psicológica, 64 estaban bajo seguimiento psiquiátrico y 17 requerían ambos tratamientos en simultáneo.
A pesar de la dimensión del problema, desde Asistencia al Policía —el área encargada del seguimiento sanitario de los uniformados— señalaron que apenas el 3% de los casos que atienden están vinculados a problemas de salud mental.
La interpretación oficial del fenómeno también genera resistencia. Desde el Ministerio han sostenido que el suicidio es un problema “cultural y social” y no algo específico de las fuerzas. Los especialistas, los datos y, sobre todo, los familiares de los caídos piensan diferente.
 

Lo que se hace —y lo que falta hacer
A nivel nacional, la respuesta institucional más relevante llegó en 2020, durante la gestión del Ministerio de Seguridad de Sabina Frederic. Se creó el Programa de Abordaje Integral del Suicidio en Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (Resolución 306/2020), con el objetivo de diseñar herramientas preventivas, asistenciales y de monitoreo para abordar la mortalidad asociada al suicidio. En el marco de ese programa se realizaron jornadas de sensibilización, guías de salud mental y talleres con instructores para detectar señales de alerta en ingresantes. En septiembre de 2021 se lanzó además la Mesa Federal de Bienestar Policial, una instancia de articulación entre jurisdicciones.
Sin embargo, los efectos de esas políticas no alcanzaron a convertirse en cultura institucional. Las gestiones que siguieron discontinuaron los énfasis, y en las provincias la implementación fue dispar.
En Mendoza, la respuesta legislativa más concreta llegó de la mano de la diputada provincial Cintia Gómez (La Unión Mendocina), quien presentó un proyecto de ley para crear un Programa Provincial de Prevención y Contención Psicológica destinado a policías y penitenciarios. El proyecto incluye la implementación de evaluaciones psicológicas periódicas para detectar situaciones antes de que escalen, y la creación de una línea telefónica interna, confidencial y disponible las 24 horas, atendida por profesionales especializados en traumas ocupacionales.
Sobre el estado del sistema actual, Gómez fue directa: todos los policías consultados —retirados y en actividad— coincidieron en que la asistencia interna existente “claramente no funciona”.
 

La deuda del primer día: formación y blindaje emocional

Uno de los debates que reabre este caso es cuánto de lo que ocurre en la carrera policial ya viene incubándose antes del primer turno de servicio.
Los controles psicofísicos al ingreso ya existen y son exhaustivos, pero eso no alcanza para abordar lo que ocurre a lo largo de la carrera: “Ser policía no es fácil, y a lo largo de los años puede empezar a haber un problema psicológico, más cuando hay factores externos que lo potencian”, advirtió la diputada Gómez.
La Asociación de Esposas y Familiares de Policías ha sido más tajante en su diagnóstico: el sistema entrena para el uso de la fuerza pero no prepara emocionalmente para sostener lo que esa fuerza implica. Los efectivos acumulan escenas de violencia, muerte y precariedad social en cada guardia, sin herramientas para procesar ese peso. En palabras de Liliana Cortez: “El personal policial no está por dinero, sino por vocación de servicio. Son quienes dan su vida, hacen reanimación en la calle, entran a casas en llamas o se disfrazan de payasos para los chicos. Y aún así salen a trabajar sin respaldo, ni económico ni político”.
La situación ha llegado a tal punto que, según Cortez, nueve policías por día piden la baja o se jubilan anticipadamente en Mendoza.
 

Una epidemia silenciosa con cara de uniforme

El suicidio ya es, estadísticamente, la primera causa de muerte violenta en la Argentina. Y dentro de las fuerzas de seguridad, esa realidad se amplifica. La vida policial no termina al final del turno. Cada operativo, cada escena violenta y cada víctima atendida se convierten en una carga invisible y acumulativa.
Lo que hace falta es un cambio profundo en la cultura institucional: invertir en salud mental al mismo nivel que en capacitación física o de tiro, y despenalizar la búsqueda de ayuda. En España, la Guardia Civil implementa un plan integral de prevención con equipos psicológicos de guardia las 24 horas. En Argentina, las iniciativas aún son incipientes y chocan con la cultura del silencio.
El joven auxiliar de San Martín tenía 27 años. Había pedido ayuda, a su manera. El sistema lo escuchó —y luego lo dejó solo.
Que su muerte no sea solo una estadística más. Que sea el límite.
 

Si usted o alguien que conoce está atravesando una situación de crisis emocional o tiene pensamientos de autolesión, puede comunicarse con el Centro de Asistencia al Suicida (CAS): 08003 45 01 435 (gratuito, las 24 horas, desde todo el país).