El invierno 2026 ha comenzado con un golpe de realidad que muchos empresarios del Este mendocino no saben cómo esquivar. Mientras el Gobierno nacional y provincial discuten la quita de subsidios y la actualización de cuadros tarifarios, las facturas que aterrizan en los comercios e industrias locales cuentan una historia de asfixia. Para una pyme que produce en el interior de la provincia, la energía no es un lujo, es el insumo básico que permite levantar la persiana cada mañana.

El incremento del 200% que denuncian las cámaras territoriales no es un número azaroso; se conforma por la convergencia de tres factores críticos en este cierre de abril. Primero, la actualización del Precio Estacional de la Energía (PEST) que impacta directamente en el componente de generación; segundo, el ajuste por inflación en el Valor Agregado de Distribución (VAD) solicitado por las distribuidoras locales en las últimas audiencias del EPRE; y finalmente, la eliminación total de los subsidios remanentes para los usuarios no residenciales Categoría T2 y T3. Este "cóctel" financiero llega justo cuando el consumo se dispara por la estacionalidad, empujando a los pequeños industriales a una escala tarifaria de castigo por alto uso de potencia.

Los números oficiales de consumo en la provincia reflejan una paradoja preocupante. Según los informes técnicos de gestión energética de este mes, mientras que el sector residencial ha logrado una estabilización del consumo mediante la eficiencia forzada por el precio, el sector productivo de la Zona Este mantiene una curva inelástica debido a la obsolescencia tecnológica de muchas de sus maquinarias. En los departamentos de San Martín y Junín, la demanda de energía eléctrica industrial ha mostrado una leve caída del 4% en comparación con abril de 2025, pero no por eficiencia, sino por la disminución de los turnos de producción, un indicador silencioso de la recesión que golpea al cordón productivo.

La situación es particularmente crítica en la Zona Este, donde la estructura productiva depende fuertemente de procesos que requieren gas natural y electricidad de alta tensión. Panaderos que ven cómo el costo del horno iguala al costo de la harina, y metalúrgicos que deben elegir entre pagar la luz o las cargas sociales, conforman un escenario de resistencia que parece tener fecha de vencimiento. La advertencia es clara: si no se establecen tarifas diferenciadas o mecanismos de compensación para el sector, el próximo trimestre podría ver el cierre de establecimientos emblemáticos que son el motor del empleo local.

Lo que irrita al sector es la falta de previsibilidad. Las pymes son, por naturaleza, el eslabón más flexible de la economía, pero esa flexibilidad tiene un límite físico y financiero. Sin una mirada federal que entienda que producir en Mendoza tiene costos logísticos y climáticos específicos, el tarifazo de este invierno no será solo un número en una factura; será el acta de defunción para cientos de puestos de trabajo genuinos en nuestra región.