Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura —una suerte de controller de las secretarías de Transporte y Obras Públicas del Ministerio de Economía— omitió detallar la compra de siete departamentos en Miami en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y ante la ARCA. No lo descubrió un tribunal ni una auditoría de Estado: lo reveló una investigación periodística. Y cuando el periodista Nicolás Wiñazki lo confrontó con los registros, Frugoni no negó nada. Su respuesta fue escueta y terminante: “Es todo verdad. Cometí un error”.

La confesión espontánea, lejos de atenuar el escándalo, lo amplifica. Un funcionario que administra concesiones viales, obras públicas y contratos de transporte a escala nacional reconoció que ocultó un patrimonio inmobiliario en el exterior. Eso no es un olvido burocrático. Es, en el mejor de los casos, una violación deliberada a la Ley de Ética Pública. En el peor, el indicio de algo más profundo.
El mapa de las propiedades
Las adquisiciones se vehiculizaron a través de dos sociedades constituidas en Delaware —jurisdicción reconocida por su opacidad fiscal y societaria—: Genova LLC y Waki LLC, inscriptas en 2021 y 2025 respectivamente, con Frugoni como titular y beneficiario final. Ambas tampoco fueron declaradas ante ningún organismo argentino.
Cinco de los inmuebles se encuentran en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida, en localidades como Lantana, West Palm Beach, South Palm Beach y Delray Beach, con valuaciones que oscilan entre los 187.000 y más de 300.000 dólares según registros oficiales. El más documentado es el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en Delray Beach, adquirido el 1 de julio de 2021 por 215.000 dólares. Esa misma propiedad obtuvo una exención fiscal del estado de Florida que se otorga exclusivamente a quienes la declaran como residencia principal permanente —beneficio incompatible con el hecho de que Frugoni reside y trabaja como funcionario público en Argentina.
Según el legislador de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, las adquisiciones realizadas entre 2020 y 2022 superan el millón y medio de dólares. En su declaración jurada de 2019, Frugoni registraba apenas 98.000 dólares en caja y 3 millones de pesos en acciones. La brecha entre ese punto de partida y un portafolio inmobiliario en Florida de más de siete cifras merece, como mínimo, una explicación que aún no llegó.
Un cargo estratégico, un perfil bajo
Frugoni ocupa un rol central en la coordinación de infraestructura nacional, un área vinculada a la administración de fondos públicos y a la ejecución de obras. Su cargo depende directamente de Luis Caputo. Fue designado en enero de este año para delegarle el manejo de licitaciones y concesiones de rutas nacionales, entre otros roles. Antes de eso, había sido nombrado en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte con un cargo ad honorem.
Su historia pública, sin embargo, es más larga. Durante la presidencia de Mauricio Macri, Frugoni presidió AUSA, la empresa de autopistas porteñas a cargo de la obra del Paseo del Bajo en Buenos Aires. Un hombre de la obra pública, en definitiva, que acumuló propiedades privadas en el exterior sin informarlo.
La reacción judicial y el silencio oficial
En base a la investigación periodística, el abogado Alejandro Díaz Pascual presentó una denuncia en Comodoro Py que quedó a cargo del juez Rafecas. Frugoni ya tenía una causa abierta en el Juzgado Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo. La acumulación de expedientes en el mismo juzgado que tramita el caso Adorni —y que ya concentra investigaciones sobre ANDIS y créditos hipotecarios del Banco Nación— empieza a configurar un mapa judicial incómodo para el Ejecutivo.
La normativa vigente en materia de ética pública exige que los funcionarios presenten anualmente un detalle completo de sus bienes ante la Oficina Anticorrupción, incluyendo activos en el extranjero y participaciones societarias. Omitir información de manera intencional puede derivar en el delito de omisión maliciosa, con penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El Ministerio de Economía no respondió las consultas de Infobae. Si bien no circulan rumores de un desplazamiento, el caso no es tomado a la ligera por otros sectores del Gobierno.
El patrón que nadie quiere nombrar
El caso Frugoni no ocurre en el vacío. Se suma a otros funcionarios del Gobierno que afrontaron cuestionamientos por no declarar bienes: el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y el titular de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, quien adquirió cuatro propiedades en el condado de Miami-Dade valuadas en más de 2 millones de dólares mediante un entramado de sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
Tres funcionarios. Tres casos. El mismo destino geográfico —Florida— y la misma mecánica: sociedades pantalla, declaraciones juradas incompletas y registros extranjeros que dicen lo que los papeles argentinos callan. El gobierno que llegó con la bandera de la motosierra al Estado y la transparencia como estandarte acumula una colección de patrimonios ocultos en el exterior que ningún relato libertario puede explicar con coherencia.
Frugoni dijo que se equivocó. Quizás. Pero un error que involucra siete propiedades, dos sociedades en Delaware y cuentas bancarias no declaradas no es un descuido: es una arquitectura.