La austeridad parece ser un concepto elástico para algunos sectores de la política salteña. En las últimas horas, un audio radial encendió la mecha de la indignación popular: la diputada nacional Gabriela Flores (LLA) reconoció, sin tapujos, que los pasajes de avión que le provee la Cámara de Diputados de la Nación son utilizados por su hijo para viajar a Buenos Aires por motivos de estudio.

El vacío legal vs. la ética pública

Desde la reforma del sistema de pasajes en 2018 (Resolución 487/2018), los diputados tienen un régimen mixto. Poseen 10 pasajes aéreos mensuales que son nominativos e intransferibles (solo para el legislador). Sin embargo, existe una segunda categoría de tramos que pueden ser cedidos a terceros.

Aquí es donde Flores se ampara en la "legalidad" para justificar lo éticamente cuestionable. El reglamento permite que un diputado entregue ciertos pasajes a ciudadanos por razones de salud, cultura o, como en este caso, a un familiar directo. Pero, ¿es ético que una funcionaria que llegó al poder prometiendo recortar los gastos de la política utilice recursos públicos para cubrir los gastos personales de su familia?

Doble discurso en el cielo

El escándalo de Flores no solo afecta su imagen personal, sino que golpea el corazón del relato libertario. En una Salta donde los estudiantes sufren los recortes en el transporte y la incertidumbre de las becas universitarias, ver a una diputada nacional "ahorrar" dinero familiar usando los impuestos de los contribuyentes genera un ruido ensordecedor.

Mientras la diputada justifica el uso de estos tramos para que su hijo curse su carrera en Buenos Aires, miles de salteños ven cómo el acceso a la educación superior se vuelve un privilegio de pocos. La "motosierra" de la que habla su espacio parece haber pasado de largo por los beneficios de cabotaje de la legisladora.