La discusión ya no es teórica. Tras la reciente aprobación en el Senado de la modificación a la Ley 26.639, el mapa de protección ambiental en Argentina ha cambiado sus coordenadas. La reforma introduce un concepto tan técnico como peligroso: ahora, para ser protegidos, los cuerpos de hielo deben demostrar ser "reservas estratégicas de recursos hídricos". Esta ambigüedad traslada la decisión final de los científicos del IANIGLA a las manos de los funcionarios políticos de turno, quienes tendrán la potestad de decidir qué glaciar se cuida y cuál queda a merced de la industria.

En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo ha sido claro: considera que la provincia está "un paso adelante" gracias a su nuevo Código de Procedimientos Mineros. Sin embargo, la realidad de la calle y de la montaña dicta otra urgencia. Según los últimos datos del Inventario Nacional de Glaciares, Mendoza ha perdido el 36% de su superficie de hielo en los últimos 40 años. En un contexto de sequía extrema que ya no es noticia sino paisaje cotidiano, flexibilizar la protección del ambiente periglacial —esos glaciares de escombros que actúan como reguladores invisibles del caudal— parece, cuanto menos, una apuesta de alto riesgo.

El motor de esta urgencia es el Distrito Minero Occidental de Malargüe, donde ya hay 27 proyectos de exploración con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada. El Gobierno busca atraer inversiones que rondan los 20 millones de dólares para etapas tempranas, pero el sector científico advierte que el "pacto minero" podría estar hipotecando el futuro hídrico. La independencia periodística nos obliga a preguntar: si la minería consume apenas el 1% del agua frente al 93% del agro, ¿por qué el foco está en los glaciares? La respuesta es simple: no es cuánta agua usan, sino dónde se instalan y qué fuentes contaminan o destruyen en el proceso.

El equilibrio es frágil. Mientras el Ejecutivo celebra la "seguridad jurídica" para las inversiones, las organizaciones ambientales y los expertos del Conicet alertan sobre el fin de la autonomía científica. En esta Mendoza de 2026, la política parece haber decidido que el progreso tiene olor a roca molida, aunque el precio sea el silencio de nuestras torres de agua.