Cuando el fiscal federal Gerardo Pollicita cite a declarar el próximo 8 de abril a la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni, no será la primera vez que esa profesional transite los pasillos del edificio judicial de Comodoro Py.

Nechevenko fue citada para declarar como testigo en un megajuicio contra una banda narco que había contratado sus servicios. Se trataba de una organización que traficaba efedrina para la producción de metanfetamina, la droga que popularizó la serie Breaking Bad.

El circuito de la efedrina

Entre junio de 2007 y abril de 2008, laboratorios fantasma presentaban solicitudes ante la Sedronar para importar efedrina desde la India, argumentando que la destinarían a la industria farmacéutica. Los pedidos los hacía Guillermo Manfredi, quien trabajaba en sociedad con Josué Fuks y Alfredo Abraham a través de la firma Farmacéuticos Argentinos S.A., conocida en el ambiente como FASA o DROFASA. En los expedientes de la Sedronar identificados con los números 429, 432, 899, 900, 901 y 902 aparece la firma de Nechevenko. 

La profesional admitió en 2014 haber certificado las firmas de los imputados e intervenido en la constitución de sociedades creadas para facilitar el ingreso de la droga, algunas de ellas surgidas de la noche a la mañana.

El nombre que generó más preguntas dentro del juicio fue el de Guillermo Ascona. Se trataba de un vendedor ambulante de condición humilde que apenas había terminado la primaria, que había trabajado como remisero y albañil antes de figurar como importador ante la Sedronar de 1.900 kilos de efedrina en tres embarques distintos. La Justicia determinó que Ascona era un testaferro de la banda, a quien Nechevenko también le certificaba la firma.  Al ser consultada sobre él durante el juicio oral, la escribana dijo no recordar ni su nombre ni su fisonomía.

El excedente de efedrina, según dicta la sentencia, se derivaba hacia el narcotráfico para la elaboración de metanfetaminas. Este negocio operó hasta agosto de 2008, cuando ocurrieron fusilamientos y secuestros atribuidos a carteles de la droga. Por esos crímenes quedó señalado como autor intelectual Ibar Pérez Corradi, quien registraba más de mil llamadas en su teléfono con Fuks, el hombre para quien trabajaba la escribana de Adorni. 

Los hombres para los que trabajaba Nechevenko fueron condenados a prisión por narcotráfico por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Néstor Costabel. Alfredo Abraham recibió 11 años de cárcel.  Josué Fuks, uno de los principales responsables, permanecía prófugo al momento del juicio y según las últimas informaciones continuaría fuera del alcance de la Justicia argentina, presumiblemente en Israel. Nechevenko, en ese proceso, fue testigo y no fue imputada.

La conexión con Adorni

La misma escribana certificó la compra del departamento de Caballito del jefe de Gabinete, formalizada el 18 de noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares, y también intervino en la escritura del inmueble ubicado en el country Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz, registrado a nombre de la esposa del funcionario.

La estructura financiera de la operación de Caballito llamó la atención de los investigadores: el jefe de Gabinete aportó apenas 30.000 dólares de su bolsillo. El resto, 200.000 dólares, fue cubierto mediante un crédito hipotecario otorgado por las propias vendedoras, Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64. Cuando periodistas intentaron ubicarlas, ambas dijeron no conocer al funcionario. Además, el precio por metro cuadrado que pagó Adorni fue de casi 1.155 dólares, prácticamente la mitad del valor de mercado habitual para la zona, estimado en alrededor de 2.000 dólares por metro cuadrado. 

A eso se suma otro dato que la Justicia busca esclarecer: los registros oficiales indican que la escribana Nechevenko visitó a Adorni en la Casa Rosada en al menos siete oportunidades.

El expediente avanza

El fiscal Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete: oficios a registros de la propiedad de la Ciudad y la Provincia, a la Oficina Anticorrupción, la ANSES y organismos provinciales, además de un pedido a la Secretaría General de Presidencia para obtener el legajo personal completo de Adorni, incluyendo haberes, viáticos y gastos. 

La fiscalía fundamentó el avance en la existencia de "motivos suficientes para esclarecer la conformación patrimonial" del funcionario. La investigación tramita en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso en el fiscal. 

Adorni sostuvo públicamente que su patrimonio es producto de 25 años de actividad privada y que presentará toda la documentación que la Justicia le requiera.