El humo todavía no se había disipado del todo cuando ya empezaban a circular las primeras contradicciones. El miércoles pasado, cerca de las 15.30, una densa columna negra visible desde varios kilómetros se elevó sobre el complejo Tótem Boulevard, en la intersección de calle Miguez y Ruta 50 del departamento de San Martín. Adentro ardía la Sala Este del Casino de Mendoza. Afuera, mientras los bomberos trabajaban para controlar el fuego, algo más comenzaba a quemarse: la versión oficial.

El incendio se inició en el techo de la sala de juegos y se propagó con una velocidad que sorprendió a todos. La evacuación fue total: el complejo incluye además del casino un hotel spa, consultorios médicos, comercios y restaurantes. El saldo no fue menor: más de una docena de bomberos resultaron afectados por el humo, dos de ellos debieron ser trasladados a un hospital de la zona, uno por intoxicación y otro con un corte en la mano, y tres civiles fueron hospitalizados por inhalación de monóxido de carbono. Las pérdidas materiales en la sala de juegos fueron absolutas. Cinco años después de su inauguración, el casino de San Martín quedó reducido a hierros retorcidos.

Pero lo que vino después del fuego encendió una polémica que trasciende ampliamente al siniestro en sí. La Asociación de Bomberos Voluntarios El Libertador de San Martín emitió un duro comunicado denunciando que el sistema de despacho 911 nunca los convocó al operativo, a pesar de que el incendio ocurría dentro de su propia jurisdicción y la columna de humo era visible desde cualquier punto del departamento. El cuartel local cuenta con 45 efectivos y seis unidades equipadas que permanecieron ociosas durante los primeros minutos del siniestro, los más críticos en cualquier incendio. Fueron los vecinos, no el sistema oficial, quienes alertaron al cuartel. Recién entonces, por decisión propia, la institución movilizó el móvil 07 con seis efectivos, que llegaron al lugar alrededor de las 16.35. Y no fueron los únicos: otros cuerpos de bomberos voluntarios de la Zona Este tampoco habrían sido convocados inicialmente por el 911, lo que amplía el problema de una falla puntual a una falla sistémica.

La respuesta del Centro Estratégico de Operaciones no tardó en llegar, pero lejos de aclarar el panorama lo complicó aún más: desde el 911 argumentaron que los bomberos voluntarios se habían declarado fuera de servicio. La Asociación lo niega de manera categórica. Entre esas dos versiones hay algo que no cierra, y los propios voluntarios anunciaron que elevarán un informe técnico a las autoridades competentes, que se declaran en estado de protesta y que exigen una revisión urgente de los protocolos de despacho de emergencias de toda la provincia. La pregunta que nadie quiere responder es cuántas veces pasó esto antes sin que nadie lo denunciara.

La investigación sobre el origen del fuego tampoco está cerrada. La hipótesis inicial apunta a un cortocircuito en la conexión con los paneles solares del techo. El fiscal Oscar Sívori solicitó la intervención de la División de Delitos Tecnológicos para reconstruir las últimas horas a través de las cámaras de seguridad, buscando determinar si el origen fue accidental o si hubo factores de negligencia. Los resultados de las pericias tardarán al menos 48 horas más.

Y aquí aparece el fondo del asunto que nadie en el gobierno provincial quiere subrayar demasiado: el casino ya estaba en crisis mucho antes del incendio. El complejo era operado por el Grupo Kristich bajo la firma Fuente Mayor SA, y la situación del negocio era crítica. El operador enfrenta deudas impositivas millonarias con la Administración Tributaria Mendoza y, por si fuera poco, hay una controversia judicial activa sobre las tasas que los concesionarios deben pagar al gobierno provincial que recae directamente en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Que el casino ardiera en ese preciso contexto abrió una puerta que la Justicia no va a cerrar sin antes revisar todo el expediente.

El senador peronista Félix González había presentado un pedido de informes a Juegos y Casinos y a la Administración Tributaria sobre la situación de esa sucursal. Lo hizo el martes 10 de marzo, el día anterior al incendio. La coincidencia de fechas no implica causalidad, pero la Fiscalía tomó nota y el expediente sigue abierto.

Mientras tanto, hay 110 trabajadores, 50 del plantel estatal y 60 del operador privado, que hoy no tienen certezas sobre su futuro laboral. El gremio ya solicitó al gobierno provincial la conformación urgente de una mesa de diálogo. El fuego apagó las máquinas, pero hay preguntas que siguen ardiendo.