El jueves 12 de marzo fue un día bisagra para la Asociación del Fútbol Argentino. Claudio "Chiqui" Tapia se presentó en los tribunales de Comodoro Py, entregó un escrito ante el juez Diego Amarante y optó por no contestar preguntas.  Al salir, eligió hablar de la Finalissima: "España quiere que se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", dijo, mientras la prensa lo rodeaba en las escalinatas. El mensaje pareció calculado: dar vuelta de página rápido. Pero la Justicia tiene otros tiempos.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de 19.353 millones de pesos correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En términos simples: la AFA descontó dinero a sus empleados y proveedores en concepto de Ganancias, IVA y Seguridad Social, pero no lo depositó en las arcas públicas durante ese período, según la denuncia. La entidad impulsó la denuncia ARCA —la ex AFIP— y el expediente quedó en manos del juez en lo penal económico Diego Amarante.

Tapia negó de manera categórica haber "decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos" y pidió ser sobreseído por inexistencia de delito. Su defensa también intentó, sin éxito, frenar el proceso mediante un pedido de nulidad de la indagatoria. Con su declaración, quedó cerrada la ronda de indagatorias dispuesta por Amarante, que también alcanzó al tesorero Pablo Toviggino y a otros directivos de la entidad. El próximo hito judicial será el 18 de marzo, cuando la Cámara en lo Penal Económico convocó a una audiencia para analizar si corresponde cerrar la causa por inexistencia de delito.

Pero este frente es apenas uno de los que enfrenta la conducción de la AFA. En paralelo avanza la causa más escandalosa: la que involucra a Sur Finanzas, la financiera del empresario Ariel Vallejo, señalado por su cercanía con Tapia. El expediente se inició tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por evasión de 3.327 millones de pesos, pero creció hasta convertirse en una investigación sobre lavado de activos que sacudió al fútbol argentino entero. El juez federal Luis Armella ordenó 35 procedimientos en sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares. 

Lo más impactante del expediente de Sur Finanzas no es solo el dinero, sino el nivel de encubrimiento detectado. Chats internos revelaron que el oficial de cumplimiento —la persona designada por ley para prevenir el lavado— se burlaba de los investigadores, y se instruyó expresamente dejar un "puchito" de efectivo en las cajas para que la policía creyera que el allanamiento había sido exitoso, mientras el grueso del dinero ya había sido retirado. 

El juez Armella también le solicitó al Banco Credicoop un informe detallado de los movimientos de las cuentas de la AFA desde el 1° de enero de 2021 hasta la fecha, y se requirieron datos al Banco Coinag sobre el empresario Javier Faroni y los demás vinculados a TourProdEnter LLC, empresa investigada por presunto desvío de fondos de la AFA en el exterior. Esa sociedad, constituida en Florida en 2021, habría administrado más de 260 millones de dólares en cuentas bancarias estadounidenses provenientes de sponsors internacionales, derechos de transmisión y partidos amistosos de la Selección. 

Luego de su indagatoria, la Justicia autorizó a Tapia a salir del país para viajar al sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana en Paraguay. Un alivio parcial, con el Mundial de Estados Unidos asomando en el horizonte y la Selección como la gran carta de presentación de un fútbol que, en lo institucional, atraviesa su momento más turbulento en años.