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La política nacional es, muchas veces, el arte de saber cuándo retroceder para no chocar. El Gobierno, que venía con el impulso de una media sanción rápida en el Senado, se topó este miércoles con una realidad ineludible en la Cámara Baja: los números no cierran y la legitimidad ambiental del proyecto está bajo la lupa.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA), fue el encargado de anunciar el cambio de planes. Lo que se perfilaba como un dictamen inmediato se transformó en un cronograma de audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo. ¿El motivo oficial? Garantizar la participación ciudadana exigida por el Acuerdo de Escazú. ¿El motivo real? El oficialismo cuenta con apenas 132 votos a favor frente a 129 en contra, una ventaja tan ínfima que cualquier ausencia o duda de los trece "indecisos" —entre ellos figuras como Miguel Ángel Pichetto y el bloque que responde a gobernadores patagónicos— podría sepultar la iniciativa.

El peso del Acuerdo de Escazú y la sombra judicial

Argentina no puede legislar sobre recursos naturales a puertas cerradas. El Acuerdo de Escazú, con jerarquía superior a las leyes nacionales, obliga al Estado a asegurar procesos participativos previos e informados. Ignorar este paso no es solo una desprolijidad política, sino un suicidio legal. "La ley iba camino a judicializarse de entrada", advirtieron desde la oposición.

Incluso las empresas mineras, las principales interesadas en lo que en Nueva York llamaron "desbloquear la frontera minera", han pedido cautela. Para el sector extractivo, no hay nada más costoso que una inversión millonaria frenada por un amparo judicial debido a vicios de forma en el Congreso. Prefieren una ley demorada pero firme, a una sanción inmediata que termine en la Corte Suprema.

Un mapa dividido

La tensión no es solo partidaria, sino federal. En el último Consejo Federal de Medio Ambiente, el empate 8 a 8 reflejó la fractura entre las provincias cordilleranas que buscan inversiones y aquellas que priorizan la protección de sus cuencas hídricas. Mientras el oficialismo asegura que la reforma "cuida el agua" al actualizar definiciones técnicas, científicos y organizaciones ambientalistas denuncian que se busca desproteger el área periglacial, dejando miles de glaciares a merced de la explotación minera.

Por ahora, los glaciares ganaron tiempo. El dictamen se buscará recién en la semana del 8 de abril. En la política argentina, un mes es una eternidad, y en ese tiempo, el "poroteo" de votos definirá si la protección de nuestras reservas de agua dulce sigue siendo una política de Estado o una moneda de cambio para el desarrollo minero.