La modernización de la Fuerza Aérea Argentina ha entrado en su fase más crítica y, políticamente, más sensible. Con la confirmación de un desembolso de US$ 40 millones por parte del Gobierno de los Estados Unidos bajo el programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF), la administración de Javier Milei sella un alineamiento geopolítico que no tiene precedentes en este siglo. Se trata del primer subsidio de esta magnitud otorgado por Washington a Buenos Aires desde el año 2003, un gesto que en los pasillos del Pentágono se lee como una recompensa por haber eyectado la influencia de China en el equipamiento estratégico regional.

Sin embargo, en el mundo de la defensa, el concepto de "dinero gratuito" tiene letra chica. El Ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Presti —quien asumió la conducción de la cartera en diciembre pasado tras el traspaso de mando del ahora diputado Luis Petri—, gestiona hoy los términos de un acuerdo donde el capital nunca ingresa a las reservas del Banco Central. Los fondos del FMF son créditos no reembolsables que el Estado argentino solo puede ejecutar contratando a proveedores y servicios de capacitación de los Estados Unidos. Es, en esencia, un subsidio a la propia industria de defensa norteamericana para garantizar que Argentina adopte sus manuales, sus repuestos y su doctrina de combate.

Esta "donación" para el entrenamiento de los pilotos que operarán los 24 cazas supersónicos F-16 —adquiridos a Dinamarca y ya presentes en el país— conlleva obligaciones que trascienden lo técnico. Al aceptar este financiamiento, Argentina se compromete a la interoperabilidad total con la OTAN. Esto implica que cada sensor, cada misil y cada código de comunicación de nuestra flota aérea debe ser compatible con los estándares estadounidenses. Lo que el Gobierno presenta como un salto tecnológico es, a ojos de los analistas críticos, un "cepo logístico": una vez dentro de este sistema, cualquier intento de diversificar proveedores o recuperar autonomía en el mantenimiento se vuelve técnica y financieramente prohibitivo.

El desafío para la gestión de Presti será demostrar que esta modernización no es solo una cáscara vacía sostenida por la asistencia extranjera. Mientras el presupuesto nacional sigue bajo la lupa del ajuste, el costo operativo de estas aeronaves —que Argentina deberá pagar íntegramente una vez agotados los créditos de formación— pondrá a prueba la sostenibilidad de una política de defensa que, por ahora, vuela con combustible prestado.