Por: Que tal tu Día 

La industria textil argentina enfrenta un escenario sin precedentes. Lo que comenzó como una apertura comercial para reducir el costo de vida se ha transformado en un aluvión de "ropa de descarte" que amenaza con replicar el desastre ambiental del desierto de Atacama en suelo nacional. Según datos procesados por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), el volumen de importación de ropa usada alcanzó las 3.521 toneladas al cierre de 2025, frente a las apenas 13 toneladas registradas en todo 2024.

Este fenómeno tiene una explicación normativa clara: el Decreto 333/2017, que prohibía esta práctica por razones sanitarias y ambientales, venció en mayo de 2022. La administración actual decidió no renovar la prohibición, y con la eliminación de las licencias no automáticas en 2024, el flujo se volvió incontenible.

El nodo logístico: Chile y la Aduana de Jujuy

El informe sectorial revela una triangulación logística específica. Aunque el origen de la mercadería suele ser Estados Unidos, Pakistán o China, el 90% de los camiones ingresa desde Chile. De ese total, el 84% cruza por la Aduana de Jujuy, siguiendo una ruta terrestre que atraviesa el norte del país para abastecer principalmente las ferias y locales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La diferencia de precios explica la magnitud del negocio:

• Ropa nueva importada: USD 18,40 por kilo.

• Ropa usada (fardos): USD 1,20 por kilo.

Riesgos: De la economía a la salud pública

Desde la Fundación Pro Tejer advierten que esta mercadería no solo destruye el empleo local —en un sector que opera al 32% de su capacidad instalada— sino que representa un riesgo biológico. "Son prendas que en muchos casos fueron desechadas por prohibición de incineración en sus países de origen", explican.

Ante la presión industrial, a finales de 2025 el Gobierno implementó el requisito de un Certificado de Fumigación y Desinfección y la creación del registro "AUTO-ROPA-USADA". Sin embargo, los especialistas consideran que estos controles son insuficientes para detectar químicos peligrosos o microplásticos presentes en fibras sintéticas de baja calidad.