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POLÍTICA

15 de febrero de 2026

¿No es de casta? Millonaria contratación a la entidad de la esposa de Sturzenegger

El Palacio San Martín destinará más de $114 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). Aunque el Gobierno activó protocolos de transparencia ante el lazo matrimonial con el Ministro de Desregulación, la exclusividad del contrato bajo "adjudicación simple" abre un debate sobre la competencia y la ética en la función pública.

Por Que tal tu día

La transparencia en las contrataciones del Estado vuelve a estar en el centro de la escena. El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), institución que desde 2020 es dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del actual Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Lo que en otros expedientes podría ser un trámite de rutina, aquí se convirtió en un caso testigo de los alcances del Decreto 202/2017. Al detectarse que la oferta de la AACI fue confeccionada por la propia Rouillet, el sistema de alertas de la Oficina Anticorrupción (OA) se encendió, confirmando lo que en los pasillos oficiales denominan un “vínculo positivo”: la relación matrimonial entre la proveedora y un ministro clave del Gabinete nacional.

El privilegio del círculo íntimo

Más allá de la ingeniería legal para habilitar el pago, la adjudicación reaviva una controversia ética recurrente en la política argentina: el acceso privilegiado de familiares directos de funcionarios de primera línea a las cajas del Estado. Que la esposa de un ministro encargado de "desregular" y "eficientizar" el gasto público sea, al mismo tiempo, la beneficiaria de un contrato millonario mediante una adjudicación directa —donde no hubo otros oferentes— colisiona de frente con la retórica de la libre competencia. En un contexto de ajuste severo, que los negocios queden "en familia" pone en duda si los mecanismos de selección buscan realmente el mejor precio o simplemente favorecen al entorno del poder de turno.

Un blindaje de "integridad" bajo la lupa

Para destrabar el proceso, la Cancillería debió recurrir a un Pacto de Integridad, una herramienta que obliga a las partes a garantizar que no existieron preventas ni beneficios espurios. Si bien el Ministerio argumentó que la AACI es la única entidad capaz de dar continuidad a la formación del cuerpo diplomático (ISEN) y del personal administrativo, la adjudicación se realizó de forma directa por especialidad, sin una puja de precios con otras instituciones de idiomas.

Radiografía del contrato 2026

El programa de capacitación, que se extenderá de marzo a noviembre del próximo año, contempla:

  • Formación para 132 agentes: Divididos en niveles que van desde cursos regulares hasta el First Certificate.

  • Talleres específicos: Nivelación avanzada (B2 y C1) para el personal del ISEN.

  • Esquema de pagos: Un adelanto del 40% del monto total, mientras que el resto se abonará según el rendimiento académico de los empleados.

Detalle del Contrato Especificación
Monto Total $114.044.133 (IVA incluido)
Población objetivo 132 agentes (5 cursos regulares y talleres ISEN)
Modalidad Presencial (Sede Retiro) con apoyo virtual
Adelanto financiero Hasta 40% contra factura y contragarantía
Antecedente 2024 Contrato previo por $55.388.180

 

Los antecedentes que faltan

Un dato que emerge del rastreo de expedientes en el sistema COMPR.AR es la comparación con el ejercicio 2024. En aquel entonces, la misma entidad recibió una orden de compra por $55,3 millones. Sin embargo, la transparencia de aquel proceso quedó a mitad de camino: a diferencia de la contratación actual, en los registros públicos de 2024 no se encuentra disponible el Pacto de Integridad ni el pliego de condiciones, un vacío documental que contrasta con el rigor aplicado en esta nueva etapa.

Con la firma de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, el contrato ya es un hecho. La Cancillería asegura haber cumplido con cada paso legal, pero el interrogante sobre la convivencia entre los negocios familiares y la administración pública queda, una vez más, planteado.

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