La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este jueves media sanción al proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, cuyo punto central es la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, logrando un respaldo mayoritario conformado por el bloque oficialista de La Libertad Avanza y sectores de la oposición dialoguista como el PRO, la UCR y bloques provinciales.

El debate, que se extendió por más de nueve horas, estuvo marcado por la presencia en los palcos de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, entre ellos la madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado en Santa Fe cuyo caso aceleró el tratamiento de la norma en sesiones extraordinarias. Desde el oficialismo, destacaron que esta reforma busca "terminar con la impunidad" y modernizar un sistema que consideran obsoleto.

Puntos clave de la reforma

El nuevo régimen no solo modifica la edad de inicio de la responsabilidad penal, sino que introduce una estructura de sanciones y garantías procesales:

• Penas máximas: Se establece un tope de 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, violaciones o secuestros.

• Medidas alternativas: Para delitos con penas menores a 10 años, el juez podrá aplicar sanciones no privativas de la libertad, tales como servicios comunitarios, reparación del daño y monitoreo electrónico.

• Separación de adultos: El texto prohíbe explícitamente que los menores sean alojados en establecimientos penitenciarios junto a mayores de edad.

• Presupuesto: Se incorporó una partida de más de 23 mil millones de pesos destinada a la infraestructura necesaria y al fortalecimiento de la Defensoría General y el Ministerio de Justicia.

Cruces y cuestionamientos

La oposición, encabezada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, rechazó la medida argumentando que la baja de la edad de imputabilidad es "inconstitucional" y que no ataca las causas profundas del delito. Los críticos señalaron que el presupuesto asignado es insuficiente frente al costo de construcción de nuevos centros especializados y advirtieron sobre posibles sanciones de organismos internacionales de Derechos Humanos.

El proyecto pasará ahora a la Cámara de Senadores, donde el Gobierno buscará convertirlo en ley en una sesión prevista para el próximo 26 de febrero, antes del inicio de las sesiones ordinarias.