El "ancla fiscal" de la administración nacional ha comenzado a mostrar su verdadera cara. A pesar de que el Presupuesto 2026, recientemente promulgado, proyecta un superávit financiero, un análisis detallado revela que este equilibrio surge de una "contabilidad creativa". El Gobierno ha logrado "cerrar los números" postergando pagos esenciales y utilizando instrumentos de deuda cuyos intereses no se computan en el gasto corriente inmediato, acumulando una deuda flotante que expertos estiman en casi 1 punto del PBI.

La ingeniería del "Superávit de Papel"

La clave del espejismo reside en los intereses de las Lecap y Boncap. Al ser intereses que se capitalizan (se suman al capital en lugar de pagarse mes a mes), el Ministerio de Economía no los registra como "gasto financiero" en sus balances de caja. Bajo esta línea, la deuda real crece de forma explosiva mientras la planilla oficial muestra excedentes. Según informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto se redujo drásticamente, pero la deuda total crecerá más de $9 billones durante este año.

Provincias y Jubilados: Los financistas del ajuste

El conflicto con las cajas jubilatorias provinciales es el punto de mayor fricción. Mientras las provincias reclaman deudas auditadas que superan los $2,3 billones, el Presupuesto 2026 apenas incluyó partidas por $212.000 millones para deudas previsionales del SIPA. Esta retención forzada de fondos ha obligado a los gobernadores a judicializar sus reclamos ante la Corte Suprema para evitar el colapso de sus sistemas locales.

Por su parte, los jubilados nacionales enfrentan una pérdida de poder adquisitivo real del 7,1% respecto a finales de 2023. Aunque el haber mínimo con movilidad llega en febrero a los $429.254, el bono de refuerzo se mantiene congelado en $70.000 desde hace casi dos años. De haberse actualizado por inflación, ese bono debería superar hoy los $136.000.

Prioridades: Inteligencia vs. Salud

La disparidad en la "motosierra" es elocuente. Mientras el Ministerio de Salud enfrenta una caída de recursos reales del 30% comparado con 2023 —afectando programas de VIH, salud reproductiva y suministros hospitalarios—, las partidas para la SIDE y servicios de inteligencia han sido reforzadas por decreto y presupuesto, superando los $100.000 millones en gastos que, en su mayoría, revisten carácter reservado.